En los últimos años, la literatura de la gobernanza (governance) en las Ciencias Sociales, específicamente en la Economía y en los estudios de la Política Pública, ha aumentado en importancia. La gobernanza se ha convertido en uno de los desarrollos centrales en la administración pública de las últimas tres décadas, introduciendo nuevos enfoques y planteamientos para la solución de problemas públicos. En la práctica, el concepto de gobernanza parece haber ocupado el lugar de otros términos usados en el pasado reciente, tales como «gobernabilidad democrática» y «buen gobierno».

Independientemente de sus presupuestos teóricos, nivel de análisis y contextos que la han originado, las propuestas de la gobernanza reconocen que el gobierno democrático y transparente de las sociedades solamente puede alcanzarse a través de la convergencia de instituciones, recursos y actores del gobierno, la sociedad civil y los mercados. La gobernanza ha estimulado análisis y propuestas de política pública que ponen énfasis en procesos de cooperación entre actores públicos y privados, y cómo éstos deciden sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos. La gobernanza modifica la visión tradicional de la gobernabilidad y del papel rector del Estado, considerándolo como un actor que más que controlar debe timonear, más que proveer todos los servicios debe coordinar acciones y recursos que están en la sociedad civil y en los mercados. Para muchas personas e instituciones, la gobernanza es la única que asegurará que el Estado cumpla con sus objetivos en los problemas sociales más complejos, como la lucha contra la pobreza y la mejoría en la salud y la educación, haciendo políticas públicas más factibles y sustentables.

Sin restar mérito a los avances que ha supuesto esta nueva manera de ver los problemas públicos y el gobierno, es evidente que la perspectiva de la gobernanza se enfrenta ante retos formidables relacionados con algunos de sus presupuestos normativos. Dejando de lado la discusión si es conveniente que todas las políticas públicas se diseñen, implementen y evalúen de manera cooperativa entre el gobierno y la sociedad civil, la perspectiva de la gobernanza parece requerir de los actores e instituciones una gran capacidad para converger en objetivos comunes y para cooperar entre ellos. La convergencia supondría la posibilidad de que actores e instituciones del gobierno, la sociedad civil y los mercados reformularan sus problemas individuales en términos colectivos, es decir, reconociendo que las soluciones a sus problemas dependen de las acciones y recursos de otros actores. La convergencia no anula la pluralidad, sino que la supone: no implica la uniformidad de las racionalidades, sino más bien la capacidad de formular los intereses y problemas propios en términos que faciliten el acuerdo. Esto, como puede verse, es un reto monumental, dadas las dificultades de las instituciones de la democracia para agregar intereses de manera efectiva y fomentar racionalidades compartidas.

La cooperación, por otro lado, no sólo requeriría la convergencia, sino también un compromiso efectivo con la solidaridad y la subsidiariedad. Cooperar requiere que el actor racional esté dispuesto a diferir o abandonar la optimización de su utilidad esperada, confiando que la inversión de tiempo, información o dinero en otros actores o instituciones es algo deseable incluso cuando él no reciba beneficio alguno de manera inmediata o directa. La cooperación entre actores e instituciones con miras a resolver problemas públicos no es algo que se verifique en todos los lugares y circunstancias. Al contrario: el entorno actual de la política, la administración pública y las políticas públicas se caracteriza más bien por la competencia, por la racionalidad basada en la optimización del beneficio, por la individualidad y por la crítica a las instituciones políticas tradicionales.

¿Qué tiene que ver la gobernanza con la libertad religiosa? De manera breve, la respuesta es que la libertad religiosa es uno de los factores que pueden contribuir decisivamente a la gobernanza, en la medida en que fomentan sociedades que pueden converger en objetivos públicos a través de la cooperación entre actores e instituciones.

En mi opinión, existen tres razones por las que la libertad religiosa juega un papel importante en los procesos de gobernanza:

La primera tiene que ver con la naturaleza de la libertad religiosa, que atiende a las creencias y sistemas de pensamiento más fundamentales de las personas. Como nos recuerda el Concilio, «todos los hombres han de estar inmunes de coacción … de modo que, en materia religiosa, ni se obligue a actuar a nadie en contra de su conciencia, ni se le impida que actúe de acuerdo a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos» (Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, n. 2). Las verdades últimas acerca de la naturaleza y existencia del hombre son una herramienta poderosa para cuestionar presupuestos sobre nuestras capacidades para converger o cooperar. Así, por ejemplo, la aceptación acrítica de la desconfianza a los demás y la búsqueda del propio beneficio pueden replantearse desde la obligación de amar a nuestro prójimo. Quien se empeña por amar al vecino eventualmente aceptará que es necesario abrir la mente y el corazón a sus razones, considerándolas seriamente. El amor implica un esfuerzo por el reconocimiento de los argumentos y recursos del otro, construyendo junto con él soluciones a problemas comunes. Una sociedad donde se vive la libertad religiosa como un recurso del bien común fomenta la convergencia y la cooperación de una manera más eficaz que una en donde la libertad religiosa está restringida.

En segundo lugar, la gobernanza se nutre de las capacidades y riquezas de la sociedad civil, que es el ámbito por excelencia de la libertad religiosa. La libertad religiosa posibilita que las creencias se manifiesten «individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia» (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 18). Por su naturaleza, la libertad religiosa conlleva dimensiones comunitarias que pueden fomentar diversas racionalidades, soluciones y casos de éxito concretos, lo que a su vez nutre de capital social a la sociedad civil. Un indicador importante de capital social es la confianza en las instituciones, y en el caso de América Latina las iglesias siguen siendo un actor social reconocido y respetado. En la encuesta de opinión Latinobarómetro 2011, las iglesias latinoamericanas obtuvieron un promedio de 64% de confianza, yendo de un máximo de 78% en Uruguay al 38% en Chile. Este promedio es el más alto de todas las instituciones medidas, incluyendo la radio, la televisión, los periódicos, el gobierno, las fuerzas armadas, la empresa privada, el gobierno local, la policía, el parlamento, el poder judicial, los sindicatos y los partidos políticos. En mi opinión, la confianza en las iglesias es un factor de gobernanza en las sociedades latinoamericanas, algo que no han podido aportar otras instituciones económicas o políticas.

El ámbito propio de la libertad religiosa es la sociedad civil, que es el espacio de la pluralidad. La verdadera libertad religiosa está lejos del fundamentalismo (Caritas in Veritate, n. 56), ya que protege por igual y con la misma decisión al creyente, al agnóstico y al ateo.

La presencia del Estado laico, entonces, es un requerimiento indispensable para asegurar que las manifestaciones de la libertad religiosa convivan respetando el derecho de terceros y el bien común. Para lograr esto, el Estado debe reconocer y estimular las expresiones de la libertad religiosa, sin por ello abandonar la separación iglesiasEstado. Esta separación establece que las manifestaciones religiosas y culturales de las personas y los pueblos pertenecen más propiamente a los ámbitos noEstatales. La libertad religiosa puede ser una herramienta útil para estimular los buenos atributos de la sociedad civil, los cuales a su vez permiten la convergencia y la cooperación.

En tercer lugar, la libertad religiosa puede mejorar la sustentabilidad de la gobernanza. En mi opinión, la gobernanza puede hacerse más sustentable en la medida en que a) las soluciones y experiencias concretas de colaboración públicoprivadas estén diseñadas de manera creativa y con el debido expertise técnico, y b) las personas y las instituciones puedan mantener la convergencia y la cooperación por periodos relativamente largos. El primer punto es importante, pues la cooperación requerida por la gobernanza exige que unos procesos de las instituciones jerárquicas se flexibilicen, y que las organizaciones flexibles basadas en redes formalicen otros procesos, disminuyendo la incertidumbre para los actores e instituciones participantes. En este sentido, conviene recordar lo que el número 30 de Caritas in Veritate argumenta: el impulso de la fe, la caridad, no debe ser un añadido que se incorpore al final del proceso técnico de diseño o implementación de soluciones, ya sean soluciones tradicionales o de gobernanza. De hecho, caridad y conocimiento técnico deben ir de la mano desde el principio, pues es esto precisamente lo que impulsa la creatividad y la innovación. Estos son recursos muy valiosos cuando se trata de converger y cooperar.

Dicho de otra manera, la libertad religiosa, que posibilita la vivencia social de la caridad a través de formas de organización comunitarias, también puede ser un factor de impulso de mejores propuestas técnicas para responder al reto de la convergencia y la cooperación.