Por Cristóbal Barreto.
América Latina está viviendo una tendencia de la mayoría a convertirse en tiranía, por voluntad del líder que encabeza el gobierno o deseo propio de los legisladores y/o con anuencia de la ciudadanía. Partidos o coaliciones gobernantes con mayoría calificada, lograda en las urnas o de manera artificial, están legislando para eliminar las barreras que les impiden ejercer el poder sin control y competir en las elecciones con ventajas ilegales que les faciliten seguir en el gobierno.
Lo anterior es el caso de Venezuela y Nicaragua, pero también de otros países que realizan elecciones bajo aval de la Organización de Estados Americanos y de organismos no gubernamentales que las califican de legítimas y democráticas. Unos y otros eliminan instituciones que les impiden quitar controles o eliminar facultades que los limitan en sanciones o simplemente nombrar a un titular o Consejo que es leal al Ejecutivo, no a la letra establecida, que cumple todos los deseos y abusos de quien lo pone en el cargo. En los países antes citados se dan por descontado que el Presidente tiene todo el control del Estado, porque ha vuelto insignificantes los poderes en que se divide la República, lo es de esa manera porque en la práctica es un gobernante autócrata, su voluntad es la ley. Como ejemplo, en noviembre de 2024 la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó en primera instancia la reforma a 135 artículos de 197 de la Constitución, a solicitud del Ejecutivo, que entre otras modificaciones contempla que el Presidente comparte el poder con su esposa, Co-Presidenta, y éste coordina a los otros poderes que integran la República, con los que elimina la autonomía del Judicial, del Legislativo, del Banco Central y de los municipios (Art. 132). En Venezuela, es sabido que desde hace algunos años el titular del Ejecutvio lo decide todo aun cuando haya instituciones, en el papel, de contrapeso.
En el Salvador el partido gobernante por sí solo (Nuevas Ideas) y y en México en coalición (Morena con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista de México), tienen mayoría calificada en el poder Legislativo y con ello hacer los cambios legales que les venga en gana. Los legisladores han aceptado un estado de excepción, que se ha prolongado por más de dos años (El Salvador), y donde los derechos humanos han pasado a segundo plano en aras de la contención de la violencia y la inseguridad generada por las pandillas; han aprobado leyes para evitar que un poder de la República no electo, contramayoritario, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revise la legalidad de las reformas a la Constitución (México). En ambos casos con supermayoría, una de manera legítima lograda con el 94% de los votos (El Salvador) y la otro de manera artificial con el 57% de los sufragios (México).
En los cuatro casos, gobiernos autocrátas, los dos primeros, e híbridos, los otros dos, las mayorías legislativas son usadas para imponer la voluntad del gobernante, por encima de leyes e instituciones, aunque vaya en contra del bien de quienes dicen representar: el pueblo.
En palabras de Steve Levitsky y Daniel Ziblat (2025):
Para impedir que las mayorías temporales priven a los individuos de derechos fundamentales o hagan desaparecer por ley a las minorías políticas, las democracias deben garantizar que algunos ámbitos permanezcan, en palabras del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Robert H. Jackson, ´fuera del alcance de las mayorías´.
Estos son los riesgos que llevan las democracias, que las mayorías sin control o conciencia de la autocontención, eliminen derechos fundamentales (presunción de inocencia), es el caso mexicano en el que se aprobó la prisión preventiva oficiosa, o sin ser detenido arbitrariamente, en el caso salvadoreño con el Estado de excepción, que limita transitar en determinados horarios y lugares de una ciudad determinada; o peor aún, que no exista institución contramayoritaria que revise la legalidad de lo aprobado.
La ciudadanía y simpatizantes de los partidos y/o coaliciones a quienes les ha dado todo el poder para que tengan mayoría, legal o artificial, podrían no valorar todos los alcances en lo que se traducen sus votos, en los que con su aceptación tácita o pasiva su gobierno puede caminar a la tiranía. Si lo hace con su aceptación, porque alegremente ve como su poder cedido es capaz de hacer todo tipo de cosas que antes no se podían, como encarcelar políticos, empresarios y mafisosos poderosos, repartir dinero a través de acciones gubernamentales, hacer grandes obras, constituir empresas estatales, disminuir los índices delincuenciales, etcétera. Si lo hace de manera pasiva, porque no alcanza a comprender los efectos en lo que se está conviertiendo su autorización. En ambos casos, tarde que teprano ese poder cedido sin límites también lo puede afectar a él.
El gobierno sin límites o sin autocontención, como resultado de la mayoría, transformado en tiranía, finalmente puede alcanzar en sus efectos dañinos a muchos de aquellos que le dieron su aprobación, porque éste no mira ni respeta derechos y mucho menos se fija si es votante a favor o en contra.
La tentación por la tiranía, lementablemente, es una realidad presente y latente en América Latina, la buscan los líderes y sus equipos que, lamentablemente, cuentan con la anuencia de la ciudadanía.
Citas Bibliográficas
Asamblea Nacional. La Gaceta, Diario Oficial, Manuagua, 25/nov/2024, https://n9.cl/t4asyh
Levitsky S. Ziblat D., When should the majority rule?, Journal of Democracy, Volume 36, Number 1, Juanary 2025, pp 5-20. https://n9.cl/ibudi.
