Por Mtra. Nuria Mendizábal, Mtro. Cristóbal Barreto, Mtro. Marcelo Bartolini y Mtro. Darío García.
El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido interpretado como un golpe histórico contra una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Sin embargo, su significado rebasa la dimensión táctica. El hecho ocurre en un contexto de presión geopolítica creciente, marcado por la designación del CJNG como organización terrorista extranjera por parte del gobierno de Estados Unidos (U.S. Department of State, 2025), la retórica que califica al fentanilo como “arma de destrucción masiva” (France 24, 2025) y la insinuación de posibles acciones unilaterales (Maurer & Suebsaeng, 2025). Este entorno condiciona la acción del Estado mexicano y plantea una pregunta decisiva: ¿estamos ante el inicio de una estrategia integral o frente a una respuesta coyuntural?
La reacción inmediata tras la muerte del “Mencho” —252 narcobloqueos en 20 estados, incendios de vehículos, ataques a comercios, fuga de reos y suspensión de clases (Saldaña & Castillo, 2026; Europa Press, 2026)— mostró que el poder del CJNG no descansaba exclusivamente en su líder. La organización evidenció una capacidad de coordinación territorial que paralizó regiones enteras. Este dato obliga a comprender con mayor precisión la naturaleza del fenómeno criminal en México.
La distinción entre cárteles, clanes y pandillas (Saldaña, 2020) resulta fundamental para interpretar lo sucedido. Los cárteles son estructuras de gran escala, con cientos o miles de integrantes, diversificación de mercados ilícitos, proyección internacional y capacidad financiera y armamentista considerable. Operan como corporaciones criminales, con divisiones logísticas, financieras y políticas. En los últimos años, el CJNG encarnó este modelo: diversificó actividades —drogas sintéticas, extorsión, huachicol fiscal, trata y tráfico de migrantes— (Benítez Manaut & González, 2023; IISS, 2024), adoptó un esquema tipo franquicia que permitía a grupos locales “comprar” su marca (DEA, 2024; Raziel, 2026) y extendió su presencia a decenas de países.
Los clanes constituyen estructuras intermedias con alcance regional y capacidad de fuego media; muchos derivan de cárteles fragmentados o de pandillas en expansión. Trabajan para los cárteles, sobre todo a nivel local, son la presencia física de aquellos. Un cártel por su parte para tener expansión en otros territorios o países necesitan de los clanes como grupos locales. Se venden a éstos como “franquicia”.
Las pandillas, por su parte, son agrupaciones locales de menor tamaño pero alta letalidad, frecuentemente subordinadas a clanes o cárteles. Su volatilidad y cercanía con dinámicas comunitarias las convierten en actores clave en la violencia cotidiana. Descabezar un cártel puede provocar su fragmentación en clanes y pandillas más violentas y menos controlables si no se intervienen las finanzas ilícitas y las redes políticas (Lizárraga, 2026; Riva Palacio, 2021, 2022).
No obstante, el núcleo más profundo del problema radica en su impacto sobre la sociedad civil. Durante décadas, amplios sectores de la población han quedado atrapados entre la violencia organizada y la debilidad del Estado. Las cifras son contundentes: tasas de homicidio entre las más altas del mundo, más de 130 mil personas desaparecidas y miles de denuncias por tortura (Human Rights Watch, 2026). A ello se suma el reclutamiento anual de entre 30 y 40 mil menores por organizaciones criminales, muchos provenientes de entornos de violencia estructural (Patrón, 2025).
La sociedad civil no es un espectador pasivo, sino la principal víctima. La suspensión de clases, el cierre de carreteras y la extorsión son expresiones de un poder criminal que compite con el Estado por el control territorial. Cuando la línea entre la vida y la muerte la define un grupo armado, el Estado de derecho se debilita.
La justicia restaurativa ofrece un horizonte distinto al mero castigo. Implica colocar a la víctima en el centro, garantizar su derecho a la verdad, promover la reparación integral del daño y abrir espacios para la responsabilización y eventual reintegración del infractor. Significa un reto complejo pasar de sicario o delincuente a preso dado que esto no plantea en el horizonte otras propuestas de salida para quienes están en este circulo vicioso.
Sin procesos de verdad y reparación la violencia tiende a reproducirse. México enfrenta así una encrucijada: administrar reacomodos criminales o emprender una reconstrucción profunda de sus instituciones y de su tejido social. La paz reparadora exige justicia, memoria y responsabilidad compartida.
