Entre la división social y la desconfianza institucional: desafíos electorales en México.
Por Noé Chávez A [1]
Introducción: Crisis de la desigualdad y descontento popular.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), este año se tiene registro de más de 100 millones de personas inscritas en el padrón electoral[2], lo que sugiere que las elecciones de 2024 podrían contar con la mayor participación en la historia del país.
No obstante, en ese mismo contexto electoral existe una profunda división social que se intensifica a medida que se acerca el domingo 2 de junio. Esta división parece ser resultado sistemático de disparidades socio-económicas, del descontento hacia el gobierno por el manejo de la crisis energética y la falta del suministro de servicios básicos, aunado al persistente conflicto entre grupos político-sociales, lo cual deriva en un caldo de cultivo propicio para eventuales tensiones y conflictos.
Al mismo tiempo, se observa que la división social se suma a la desconfianza hacia las instituciones electorales, fomentada por el gobierno federal. En los últimos años, se han suscitado una serie de controversias y acusaciones de parcialidad y corrupción dentro del INE y de las instancias electorales locales. Además, en el orden federal se han presentado reformas para ejercer cambios en la estructura y el funcionamiento de esas instituciones, lo que ha generado preocupación sobre la independencia y la transparencia del proceso electoral.
Durante la etapa pre electoral es visible la polarización política exacerbada y alimentada por discursos cargados de retórica divisiva, mezclado con la desconfianza, desaprobación y descontento social del gobierno que les rige. En este clima tenso, la propagación de desinformación y noticias falsas tanto en redes sociales como en medios de comunicación masiva, producen una percepción distorsionada de la realidad que socava la legitimidad e imparcialidad de los procesos democráticos.
Por otro lado, la etapa post electoral plantea desafíos adicionales ya que, si los resultados electorales son disputados, cuestionados o no son aceptados por los actores políticos, existe el riesgo de que la polarización se intensifique, desencadenando más protestas, disturbios, movilizaciones y enfrentamientos violentos entre simpatizantes y detractores, tanto hacia los candidatos rivales como hacia las instituciones electorales. Estas situaciones son lamentablemente comunes en nuestro país, como lo demuestra la experiencia del pasado.
En ese sentido persiste la pregunta si los peligros, desafíos y violencia de la temporada de elecciones en México, ¿son parte de un eterno ciclo que estamos destinados a repetir?
Manipulación electoral y entrega de programas sociales.
La desigualdad en el acceso a fuentes confiables de información puede ampliar la brecha en la percepción y comprensión de los temas políticos para la población mexicana. Podríamos afirmar que las comunidades marginadas pueden estar menos informadas sobre las propuestas y candidaturas de partidos políticos, lo que afecta directamente su capacidad para tomar decisiones objetivas para emitir su voto.
Durante décadas, ha sido común que grupos de interés político con agendas particulares se aprovechen de las vulnerabilidades de la población, esto se manifiesta a través de prácticas como la compra de votos, la intimidación y la coacción electoral, lo que distorsiona el resultado final de los procesos democráticos y debilita la voluntad democrática de la ciudadanía mexicana.
En esta temporada se ha observado otra situación controvertida: la entrega de apoyos de los programas sociales. La autoridad electoral ha expresado su preocupación sobre su impacto en la equidad y la transparencia del proceso democrático pues estos programas fueron diseñados para brindar asistencia económica y apoyo social a sectores vulnerables de la población, pero existe la duda si éstos en realidad son utilizados como herramientas políticas por parte de partidos y candidatos para influir en el voto y obtener ventajas electorales.
En este tenor, el riesgo más preocupante radica en que los recursos destinados a estos programas se utilicen de manera selectiva para beneficiar a los “partidarios” del gobierno o a ciertos simpatizantes políticos, mientras se excluye a aquellos que no respaldan al gobierno en el poder; esta práctica socava el principio de imparcialidad y equidad en la administración de los recursos públicos y distorsiona la competencia política al brindar una ventaja indebida.
Además de lo anterior, también debemos situar un reflector sobre la entrega condicionada de asistencia social con el fin de generar dependencia política entre los beneficiarios, es decir, personas que podrían sentirse obligadas a respaldar al “partido que les proporciona” dichos beneficios, en lugar de tomar decisiones electorales basadas en consideraciones objetivas y en el interés público. En última instancia, estas prácticas condicionadas de asistencia social podrían erosionar la confianza en el proceso democrático y en las instituciones gubernamentales, al socavar la percepción de imparcialidad y neutralidad que tiene la ciudadanía sobre la administración del Estado.
Por último, existen los llamados grupos de poder fáctico[3] que tienen la capacidad para manipular los sentimientos y opiniones de los electores.
Desconfianza, desaprobación y violencia extrema.
Desde otra perspectiva es necesario cuestionarnos, ¿qué escenarios y acontecimientos podrían surgir después de las elecciones 2024 en México?
La constante mexicana más importante de los últimos años es la violencia. La desigualdad social y económica puede alimentar la violencia derivada por factores políticos, especialmente en áreas del país donde existen y serios problemas de delincuencia e inseguridad. Los enfrentamientos entre seguidores de diferentes candidatos o partidos políticos, así como la intimidación hacia aquellos que expresan opiniones políticas divergentes, pueden ser más frecuentes en todo el país.
Por otro lado, no debe omitirse considerar que una respuesta inmediata por parte de quien no obtenga la victoria podría ser la convocante a protestas y movilizaciones masivas en todo el país para impugnar los resultados electorales. Estas manifestaciones podrían generar tensiones y enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, aumentando el riesgo de disturbios civiles, violencia callejera y obstrucción de vías principales para la movilidad; este es un escenario nada ajeno para nuestra realidad del siglo XXI.
En consecuencia, la probable negativa de los perdedores, sea del partido que sea, a reconocer los resultados electorales podría llevar a una deslegitimación de las instituciones electorales de las entidades federativas y del Instituto Nacional Electoral, socavando la confianza en la integridad del proceso democrático y aumentando una crisis de legitimidad en el sistema político mexicano.
Por ello, debemos estar preparados para el escenario de persistencia por parte de los partidos que no reconozcan su derrota en la contienda, pues esto sin duda propiciará un ambiente de división social y de inestabilidad con el gobierno entrante, debilitando la capacidad para gobernar de manera efectiva y para desarrollar las acciones, políticas y programas iniciales que forman parte de las estrategias de conformación de la nueva administración pública.
Conclusiones para reflexión:
Si bien la división social en México en 2024 representa un factor determinante en los posibles peligros durante las etapas pre y post electorales, para mitigar estos riesgos es fundamental promover un diálogo inclusivo, fortalecer las instituciones democráticas y fomentar un sentido de unidad y respeto entre todos los sectores de la sociedad mexicana.
La percepción de injusticia y falta de representatividad en las instituciones gubernamentales puede ser mayor entre los sectores marginados y desfavorecidos de la sociedad lo cual puede generar desconfianza en el proceso electoral y en la imparcialidad de las autoridades electorales, alimentando la polarización política.
Es fundamental abordar estas cuestiones para garantizar elecciones justas, transparentes y representativas pues la falta de confianza en las instituciones electorales y la percepción de injusticia podrían erosionar aún más el tejido social, generando un clima de inestabilidad y tensión que amenaza la paz y la estabilidad del país.
[1] Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana
[2] Instituto Nacional Electoral. Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral. (Marzo 2024) https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/
[3] Se refiere a actores que, además de realizar las actividades normales y legales que constituyen su objetivo declarado y legal, realizan sistemáticamente prácticas que violan gravemente leyes válidas e incumplen relevantes decisiones públicas que son legales y legítimas, en desafío de las autoridades gubernamentales a las que ignoran o neutralizan o las confrontan y doblegan; es decir, privan de efectividad a la legítima acción gubernamental. https://prontuario-democracia.sociales.unam.mx/poderes-facticos/
Bibliografía:
- Ley General en Materia de Delitos Electorales
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
- Instituto Nacional Electoral (Marzo 2024). Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral; https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/
- Ídem (Septiembre 2023). Emite INE Lineamientos para evitar injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales gubernamentales en elecciones; Central Electoral. https://centralelectoral.ine.mx/2023/09/20/emite-ine-lineamientos-para-evitar-injerencia-y-o-participacion-de-personas-servidoras-publicas-que-manejan-programas-sociales-gubernamentales-en-elecciones/
- Olvera, A. (2011). Poderes fácticos y democracia en México: sindicatos, caciques, monopolios y delincuencia en un país en transición. En I. Cherevsky (comp.), Ciudadanía y legitimidad en América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Prometeo.
- Pérez G., González P., Hernández J., Márquez J., Mora S. (2018) La compra y coacción del voto en el proceso electoral de 2018. El caso de la Ciudad de México. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas; UNAM.
