Por Cristóbal Barreto.
En 2024 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en seis países de América Latina y el Caribe: El Salvador (4 de febrero), Panamá (5 de mayo), República Dominicana (18 de mayo), México (2 de junio), Uruguay (27 de octubre) y Venezuela (segundo semestre, pudieran ser entre noviembre y diciembre). (Transparencia Electoral, 2024). En América Latina, la democracia no se ha asentado en el ánimo y preferencia de los ciudadanos, como resultado de una valoración que traiga consigo mejores condiciones de vida, seguridad, empleo, disminución de la pobreza, justicia, mejora del medio ambiente y por supuesto aplicación del Estado de derecho. Peor aún, su contraparte, el autoritarismo, viene ganando terreno a consecuencia de la ansiedad, inseguridad y violencia que padece la mayoría de la población en los distintos países.
En las próximas elecciones, la sociedad salvadoreña y la mexicana enfrentarán el dilema de dar un paso más hacia el autoritarismo (autocratización lo llama el Instituto V-Dem, 2023) o retomar el camino de la transición democrática; en Venezuela, de ratificación del autoritarismo o salida a la senda de las libertades; y en los casos de Panamá, Uruguay y República Dominicana, hasta el momento sin nubarrones para la democracia.
La sociedad salvadoreña parece conforme con la erosión democrática que viene sufriendo desde el ascenso de Nayib Bukele a la presidencia de la república. Primero fue la incursión de las Fuerzas Armadas en el Parlamento, para intimidar a los legisladores y que éstos aprobaran las reformas enviadas por el presidente, luego fue el cambio de Ministros y Jueces, para que en su lugar quedaran simpatizantes del titular del Ejecutivo federal y posteriormente las redadas masivas para detener personas (pandilleros, delincuentes y ciudadanos comunes) sin cumplir el debido proceso; a todo esto, sin que se hubiese hecho sentir el suficiente rechazo por parte de la sociedad para que se produjera un alto a la vulneración de los principios constitucionales de libertades individuales y de respeto a los contrapesos.
Las acciones antes descritas, aunado a la baja en la delincuencia y la disminución significativa de homicidios dolosos, el decrecimiento de crímenes y el encarcelamiento de líderes e integrantes de las bandas delincuenciales, incrementó la popularidad y aprobación del presidente. Por eso a estas elecciones las califican como el dilema: derechos vs. seguridad (Taraciuk Broner, 2024).
El éxito de Bukele, en especial en materia de seguridad, no la ha traducido en legitimidad para avanzar en una agenda por mejorar el Estado de derecho, garantizar a las libertades de los ciudadanos, respetar a los opositores políticos, rendir de cuentas y mucho menos transparencia en el uso de los recursos públicos. Al contrario, sus logros los ha usado para acosar a quienes se oponen a sus formas de gobernar, acosar a los medios de comunicación y mantener de manera permanente el Estado de excepción (vigente desde marzo de 2022), deteniendo a todo sospechoso de delinquir.
Organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación acusan al gobierno de Bukele de violar de manera reiterada los Derechos Humanos con detenciones masivas, de otorgar contratos de obra pública sin licitar, de entregar concesiones de explotación de maderas finas a empresas chinas, de contraer créditos a altas tasas de interés con bancos chinos (Raziel 2023), y de manera concreta a él, de competir por la reelección al cargo de presidente cuando la Constitución lo prohíbe.
La Constitución en su Artículo 152 en su inciso primero señala que no podrá ser candidato presidencial: “El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periiodo presidencial;” (Constitución de la República de El Salvador, 1983); sin embargo, a pesar de dicha limitación que le impide participar en la relección al cargo, lo está haciendo porque cuenta con el aval de la Corte Suprema (BBC, 2021), integrada por Ministros afines a su proyecto político.
El Salvador, en la clasificación que realizan instituciones evaluadoras de los regímenes democráticos, actualmente es clasificado como un Régimen híbrido (Economist Intelligence, 2023, pp.15-16). No es una democracia ni es autoritarismo, porque conviven elementos de ambos; para otros, es una democracia electoral que se encamina a la autocracia electoral (Instituto V-Dem, 2023, p.25). En esta segunda clasificación lo que se distingue es, que al tener formalmente instituciones de contrapeso, como el Legislativo y el Poder Judicial, partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y realizar elecciones para elegir a las autoridades, es una democracia electoral, y no es plena o liberal, porque no permite el desempeño autónomo y libre de las instituciones del gobierno, porque intimida a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil, porque no respeta los Derechos Humanos y porque mantiene un régimen de excepción.
En las elecciones mexicanas, a celebrarse en junio de 2024, se pondrá a prueba la decisión de los electores: si desean seguir por el camino que se ha venido transitando con el presente gobierno federal, de socavación del orden constitucional, control de las instituciones autónomas, debilitamiento del Estado de derecho, estigmatización de opositores y críticos al gobierno, uso facciones de las instituciones gubernamentales de procuración de justicia (erosión de la democracia), entre otros, o retomar el camino democrático que se venía construyendo desde el año 2000.
Lamentablemente, en abono al proceder que lleva a cabo el gobierno, un tercio de la población mexicana está de acuerdo con un régimen autoritario, cantidad semejante prefiere la democracia y al resto -cerca del tercio- le es indiferente uno u otro régimen (Latinobarómetro. 2023, p.39). Con semejantes posiciones, el presidente mexicano que está al frente del gobierno federal desde 2018 ha interpretado que estos datos favorecen su actuar y forma de ejercer el gobierno, por lo que con frecuencia descalifica a quienes muestran evidencias de la corrupción e ineficiencia de su gobierno, otorga mayor poder a los militares sobre mandos civiles en varias partes del ejercicio gubernamental (aduanas, seguridad pública, construcción, aeropuertos, puertos y empresas públicas), descalifica a la oposición y se mete en los procesos electorales para favorecer a los candidatos de su partido.
En el caso mexicano, la erosión a la democracia se viene dando desde el 2015, según la medición de Economist Intelligence (2023). En este tenor, México, al igual que El Salvador, está clasificado como un régimen híbrido desde la evaluación de 2022. Al igual que el país centroamericano, su población decidirá si seguir por el mismo camino de limitación de libertades, inseguridad y erosión democrática, o retomar el rumbo para fortalecer el Estado de derecho, la justicia y un gobierno sin distinciones ni polarizaciones, que clasifica a unos de buenos, porque simpatizan con él, y unos malos, los que lo cuestionan.
Venezuela, por su parte, que celebrará elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, no se sabe si a María Corina Machado, principal opositora al régimen de Maduro, le permitirán participar como candidata presidencial, puesto que el régimen hasta el momento la tiene inhabilitada para contender por el cargo presidencial (Taraciuk Broner, 2024).
El gobierno venezolano desde 2018 está ubicado como autoritario en la clasificación Economist Intelligence (2023) o autocracia electoral en la valoración del Instituto V-Dem (2023), porque tiene sometido a sus contrapesos (Asamblea Nacional y Poder Judicial), porque controla los organismos autónomos, porque violenta los Derechos Humanos, porque limita derechos de expresión, manifestación y asociación, por la corrupción gubernamental, por la impunidad en la aplicación de la justicia, por intervenir en los procesos electorales y manipular sus resultados.
En esa línea del actuar gubernamental, se tiene duda que en las elecciones presidenciales el poder se ponga en juego, porque se cierra el camino a la participación de la oposición, porque las autoridades judiciales no dan garantías de imparcialidad y porque priva la incertidumbre ante las autoridades electorales que reconocerán un triunfo de la oposición.
Con ese panorama se llevarán a cabo las elecciones en los tres países antes descritos (El Salvador, México y Venezuela), donde se tiene duda si la oposición hará campaña de manera libre e igualitaria que los candidatos oficialistas, si se permitirá la observación del proceso a organismos internacionales y si el resultado, de ser adverso al oficialismo se reconocerá.
Esa es la disyuntiva para la sociedad y fuerzas políticas opositoras, abrirse paso al camino democrático, con todo y desventajas para competir en un Régimen híbrido y peor aún autoritario o se continuará por el mismo el camino bajo el riesgo de avanzar hacia una autocracia electoral, tipo Venezuela y Nicaragua, o cerrada tipo Cuba.
En los otros países que tendrán elección presidencial, Panamá y Uruguay, no hay riesgo de virar hacia el autoritarismo, hasta el momento, aun cuando en el caso uruguayo crece la simpatía del electorado por una fuerza política, como Cabildo Abierto, que simpatiza con un gobierno de mano dura para confrontar los problemas de violencia creciente que enfrenta el país.
En el caso de República Dominicana, que es una democracia imperfecta (Economista Intelligence 2023) o democracia electoral (Instituto V-Dem 2023), no se observa riesgo para que gire hacia un autoritarismo tipo salvadoreño o mexicano, y mucho menos al de sus vecinos caribeños como Haití o Cuba.
El autoritarismo avanza en América Latina, de manera lenta pero visible en distintos países, con su cauce de dolor y sufrimiento para sectores importantes de la población. Como en toda democracia, son los electores quienes llevaron al gobernante al poder, que ahora restringe derechos, intimida opositores y coarta libertades. Sin embargo, con todo y ese actuar que podría calificarse de impopular, alcanzan niveles altos de aprobación y logran convencer a los ciudadanos para que los reelijan o en su lugar al candidato de su partido político.
Referencias
BBC (2021). El Salvador: La Corte Suprema aprueba la reelección y le abre las puertas a Bukele a un segundo mandato, 04/09/2021, https://n9.cl/t2fv5.
Constitución de la República de El Salvador 1983. https://n9.cl/el8w.
Corporativo Latinobarómetro. Informe 2023. La Recesión Democrática de América Latina. Chile, 2023. https://n9.cl/f14bcu.
Economist Intelligence (2023). Democracy Index 2022. Frontline democracy the battle for Ukraine, https://n9.cl/uxy1e.
Instituto V-Dem Regional Center América Latina (2023). Reporte de la Democracia 2023. Resistencia frente a la autocratización, Universidad Católica de Chile, https://n9.cl/kbr8w.
Raziel, Z. El régimen de excepción de Bukele como instrumentos para aplastar la disidencia. El País, 09/10/2023, https://n9.cl/e7xgu.
Taraciuk Broner, T. Latin America’s Election SuperCycle Will Turn on One, Key, Factor, Americas Quarterly, 01/09/2024, https://n9.cl/5itop2.
Transparencia Electoral, Calendario Electoral 2024, Enero de 2024, https://n9.cl/3vwt1.
