Por Cristóbal Barreto.
Los electores salvadores ratificaron en el cargo a su presidente Nayibe Bukele en las elecciones generales el pasado 4 de febrero, a la vez que eligieron a 54 legisladores de su partido, Nuevas Ideas, de 60 que conforman el Congreso. Esta decisión se interpreta premio para el partido del presidente, pues además de ratificarlo a él en la función de Ejecutivo federal, recibe un amplio respaldo para que modifique las leyes que desee al tener una amplia mayoría legislativa.
Si antes de que se llevara a cabo la elección se criticaba al presidente salvadoreño por su desempeño gubernamental en términos de su forma de ejercer el poder, no respeto a los derechos humanos de internos de las cárceles, detenciones masivas de población de barrios denominados conflictivos, encarcelamiento de personas por considerarlas sospechosas al tener tatuajes en el cuerpo, presionar a jueces para que resuelvan en el sentido que a él le interesa, cambiar en la constitución sin cumplir los procedimientos; para este nuevo período gubernamental no tendrá cuando menos estas últimas trabas legislativas ni judiciales que le impidan hacer su voluntad. Una voluntad que no toma en cuenta los derechos de las personas y muchos menos los procedimientos gubernamentales que debe tener en cuenta todo gobernante para el desempeño de la función.
Por otro lado, en cuanto al diálogo con la minoría a la que está obligada toda autoridad para hacer su tarea, si antes era poca o casi nula, esta vez por el respaldo popular que alcanzó se nota poco probable que la vaya a llevar a cabo, pues la forma de los gobernantes que alcanzan amplio respaldo se siente con el derecho a no hablar con nadie, más que consigo mismo. Gobiernos sin contrapesos para hacer sólo su voluntad.
Como lo anotamos en la colaboración pasada, El autoritarismo avanza en América Latina (Barreto, 2024)
La sociedad salvadoreña parece conforme con la erosión democrática que viene sufriendo desde el acenso de Nayib Bukele a la presidencia de la república. Primero fue la incursión de las Fuerzas Armadas en el Parlamento, para intimidar a los legisladores y éstos aprobaran las reformas enviadas por el presidente, luego fue el cambio de Ministros y Jueces, para que en su lugar quedaran simpatizantes del titular del Ejecutivo federal y posteriormente las redadas masivas para detener personas (pandilleros, delincuentes y ciudadanos comunes) sin cumplir el debido proceso; a todo esto, sin que se hubiese hecho sentir el suficiente rechazo de la sociedad para que se produjera un alto a la vulneración de los principios constitucionales de libertades individuales y de respeto a los contrapesos.
Las acciones antes descritas, aunado a la baja en la delincuencia y la disminución significativa de homicidios dolosos, el decrecimiento de crímenes y el encarcelamiento de líderes e integrantes de las bandas delincuenciales, incrementó la popularidad y aprobación del presidente. Por eso a estas elecciones las califican como el dilema: derechos vs. seguridad (Taraciuk Broner, 2024).
El éxito de Bukele, en especial en materia de seguridad, no la ha traducido en legitimidad para avanzar en una agenda por mejorar el Estado de derecho, garantizar a las libertades de los ciudadanos, respetar a los opositores políticos, rendir de cuentas y mucho menos transparencia en el uso de los recursos públicos. Al contrario, sus logros los ha usado para acosar a quienes se oponen a sus formas de gobernar, acosar a los medios de comunicación y mantener de manera permanente el Estado de excepción (vigente desde marzo de 2022), deteniendo a todo sospechoso de delinquir.
En el caso mexicano, por la cantidad de votos otorgados al partido gobernante y aliados, que fue una ratificación en la presidencia de la república y una amplia mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, pareciera que los electores le dicen a la nueva presidenta que haga con el poder lo que le plazca, en términos de modificar leyes sin escuchar a las voces de la oposición ni de la crítica.
En la campaña para el cargo, la que será la nueva presidenta, propuso como tema central para su gobierno una serie de reformas constitucionales para desmantelar el poder Judicial eligiendo a todos sus miembros mediante voto popular, militarizar la Guardia Nacional (de facto ya lo es sólo desea formalizarlo legalmente), eliminar la representación legislativa de partidos minoritarios, eliminar la reelección de legisladores locales y federales, desaparecer instituciones autónomas y pasar funciones de organismos independiente a dependencias del poder Ejecutivo.
El voto alcanzado le permite cumplir con todas esas reformas propuestas y otras más que anteriormente le impedían ejercer el cargo sin contrapesos, sin escuchar a las minorías opositoras, sin rendir cuentas y sin informar a los ciudadanos de manera objetiva del desempeño gubernamental.
Lamentablemente, un porcentaje nada despreciable (28%) de los mexicanos ya habían expresado desde año 2023 su simpatía por el autoritarismo y poco aprecio por la democracia, según lo expresa el estudio de Latinobarómetro 2023, que ratificaron por la manera como depositaron su voto, al otorgar a una coalición oficialista todo el poder, que se interpreta autorización para lesionar las instituciones que hacen contrapeso.
El autoritarismo avanza en América Latina a paso firme de la mano de los ciudadanos, son los casos de El Salvador y México, que se suman a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y a la espera de cómo avanza en el futuro de Bolivia; si en el caso de ésta última permanece un régimen híbrido o se decanta hacia esta deriva autoritaria con el posible regreso de Evo Morales al poder por la vía de las urnas.
Con su voto los electores están dando el poder a los políticos más allá de lo que corresponde en una democracia. Con la decisión que les da mayoría calificada en el legislativo evitan tener que dialogar, acordar y negociar con la minoría.
Dos resortes son los que mueven fuertemente a los ciudadanos salvadoreños y mexicanos para decantarse por un régimen político donde las minorías políticas pierden, los derechos humanos se excluyen, las libertades se achican y el pensamiento único se impone, a unos la garantía de seguridad y a otros la certeza de recibir dinero gubernamental. Dos satisfactores distintos, a unos certeza y tranquilidad sobre sus bienes y vida y otros un bien económico para sostener necesidades básicas.
Dos ratificaciones que rompen el esquema de lo que ha sucedido en la mayoría de las elecciones de América Latina desde 2018 a la fecha, dos criterios distintos de los electores para ratificar a su gobierno, al final una misma idea: gobernantes sin contrapesos.
Referencias
Barreto C. El autoritarismo avanza en América Latina, Blog del Centro de Investigación Social Avanzada, 02/02/2024, https://n9.cl/0bim0.
Corporación Latinobarómetro. Informe 2023. La Recesión Democrática de América Latina. Chile, 2023. https://n9.cl/f14bcu.
Taraciuk Broner, T. Latin America’s Election SuperCycle Will Turn on One, Key, Factor, Americas Quarterly, 01/09/2024, https://n9.cl/5itop2.
