Por José Miguel Ángeles de León.
El abatimiento de Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, constituye uno de los acontecimientos más significativos en la historia reciente de México. Más allá de su impacto en el ámbito de la seguridad pública, este hecho invita a reflexionar sobre una cuestión más profunda: la relación entre ciudadanía, pensamiento crítico y responsabilidad moral frente al mal social. La persistencia del crimen organizado no puede explicarse únicamente por la debilidad institucional o por estrategias fallidas del Estado. En el fondo, se trata de un fenómeno cultural y antropológico que revela tensiones profundas en la conciencia moral de amplios sectores de la sociedad.
La narcocultura no debe entenderse únicamente como un fenómeno mediático compuesto por corridos, series televisivas o símbolos asociados al narcotráfico. Más bien constituye una narrativa cultural que influye de manera profunda en el imaginario moral colectivo. En esta narrativa, el narcotraficante deja de aparecer exclusivamente como un criminal y se transforma en una figura ambigua o incluso admirada: el individuo que asciende socialmente mediante su astucia, el benefactor de comunidades marginadas o el supuesto justiciero que encarna un orden alternativo frente a un Estado percibido como ineficaz.
Este proceso implica una distorsión moral significativa. El mal deja de ser reconocido como tal y la violencia comienza a evaluarse únicamente en términos pragmáticos. En lugar de condenarse por su injusticia intrínseca, se rechaza sólo cuando genera inseguridad o desestabiliza la vida cotidiana. De este modo, el juicio ético es sustituido por una valoración instrumental. La narcocultura produce así una progresiva atrofia de la conciencia ciudadana: el discernimiento moral es reemplazado por la fascinación ante el poder y la riqueza, mientras la crítica racional cede ante una normalización emocional de la violencia.
La narcocultura contemporánea puede interpretarse como una reactivación del culto al poder sobre la muerte. Aunque adopta formas distintas, reproduce la glorificación del poder violento y la fascinación colectiva por quienes lo encarnan. En esto el morbo y el amarillismo de los medios que exhiben impúdicamente la violencia y sus consecuencias, trivializando o banalizando el fenómeno, tienen una gran responsabilidad.
Junto a esta dimensión cultural existe otro fenómeno que contribuye a explicar la persistencia de la violencia: la tendencia a atribuir toda la responsabilidad del crimen organizado exclusivamente al Estado. En el discurso público mexicano es frecuente afirmar que la seguridad es responsabilidad exclusiva del gobierno. Aunque el Estado tiene un papel fundamental en la preservación del orden jurídico, esta afirmación se vuelve problemática cuando conduce a una exención moral de la sociedad.
El crimen organizado no es un fenómeno completamente externo al cuerpo social. Se sostiene también en prácticas cotidianas que se han normalizado progresivamente: la tolerancia a pequeñas ilegalidades, la aceptación pragmática de la corrupción, la legitimación social del dinero ilícito y la existencia de una demanda constante de bienes y servicios ilegales. Así, la violencia no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad pública, sino como un fenómeno que refleja una crisis más amplia de la conciencia cívica.
En este punto resulta especialmente relevante recuperar dos principios fundamentales de la doctrina social cristiana: la subsidiariedad y la solidaridad. La subsidiariedad recuerda que las instancias superiores del orden social no deben sustituir la responsabilidad de las personas y comunidades, sino apoyarlas y coordinarlas. La solidaridad, por su parte, subraya que el bien común exige responsabilidad compartida: la violencia no afecta solo a sus víctimas directas, sino que erosiona la dignidad de toda la sociedad.
Por esto que el pensamiento crítico debe entenderse no solo como una habilidad intelectual, sino como una disposición ética que permite discernir la verdad y asumir responsabilidad frente a ella. El ciudadano crítico no consume pasivamente las narrativas culturales que circulan en los medios o en el discurso político, sino que evalúa su contenido moral y su impacto social.
La detención o muerte de un líder criminal puede representar un éxito operativo del Estado, pero no resuelve el problema de fondo. El narcotráfico es, en gran medida, el síntoma visible de una crisis más profunda: la erosión del pensamiento crítico y de la conciencia moral y cívica. Como advirtió san Juan Pablo II al hablar de la “cultura de la muerte”, cuando la violencia se normaliza y la vida pierde su centralidad ética, la sociedad corre el riesgo de acostumbrarse a convivir con la muerte como parte del paisaje cotidiano.
