Por Noé Chávez Aguado[1]
Introducción
La recurrente división política de derechas e izquierdas, liberales y conservadores, neoliberales y progresistas, serán fundamentales para determinar la preferencia del voto ciudadano y en consecuencia, el futuro político, económico y social de México.
En este artículo se abordarán las posibles repercusiones de las alianzas de partidos políticos una vez que hayan concluido las elecciones del 2024, pronosticando que el gobierno de coalición puede ser la única alternativa para satisfacer los intereses de los partidos y así posicionar a sus militantes y simpatizantes.
Una alianza partidista es una figura distinta a un gobierno de coalición
Las coaliciones de partidos políticos en nuestro país han sido estrategias electorales comunes y recurrentes para diversos actores políticos en el orden federal, estatal y municipal, ya que de esta forma pueden incrementar las posibilidades de éxito de sus candidaturas para puestos de elección popular.
En ese sentido, las alianzas de partidos políticos se generan con la intención de postular a una candidata o candidato en un proceso electoral, pero su relación se limita al finalizar dicho acontecimiento.
Por otro lado, un gobierno de coalición cimienta sus bases como un proyecto de gobierno conformado por distintas fuerzas políticas que ya se encuentran representadas en el Congreso de la Unión, cuyo fin último es generar acuerdos legislativos o al menos impulsarlos; se supone que el gobierno de coalición nace con el fin de construir mayorías y generar acuerdos para alcanzar una adecuada gobernabilidad democrática y para mantener un equilibrio entre el ejercicio del Poder cuando existe una pluralidad de visiones políticas representadas.
Por lo anterior, las principales diferencias entre las coaliciones de partidos políticos y los gobiernos de coalición radican en su naturaleza jurídica y su fundamento legal.
En un primer término, los partidos políticos tienen el derecho de conformar coaliciones, frentes y fusiones, lo cual se encuentra regulado desde la Ley General de Partidos Políticos, con sus respectivos mecanismos para la celebración del convenio correspondiente, resaltando las disposiciones sobre la duración, motivación, propósitos que persiguen y las formas de ejercer las prerrogativas a cargo de dichas alianzas.
En contraparte, en nuestro marco constitucional general se establece que el gobierno de coalición es una facultad a cargo del Presidente de la República:
“En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.
El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición” (artículo 89 fracción XVII)[2].
Ahora bien, mientras que las coaliciones entre partidos políticos tienen el objeto de postular candidaturas para cargos de elección popular previo a la celebración de elecciones, la conformación del gobierno de coalición se erige como la facultad del titular del poder ejecutivo federal una vez que hayan finalizado los procesos electorales y cuando los partidos políticos ya se encuentren representados en el Congreso de la Unión.
Beneficios de un adecuado gobierno de coalición
En numerosos países europeos y latinoamericanos que han experimentado la dinámica de gobiernos de coalición, se han observado beneficios como el fomento del diálogo entre representantes de la ciudadanía y titulares de cargos públicos, impactado positivamente en la generación de negociaciones a favor de la sociedad, además de facilitar el encuentro de puntos de convergencia en el estudio e impulso de proyectos normativos.
Del mismo modo, es posible visualizar el fortalecimiento de la estructura de partidos políticos que trabajan efectivamente en coalición, uniendo esfuerzos de sus militantes o simpatizantes, e incluso adoptando buenas prácticas de otros partidos, lo cual puede derivar en el reconocimiento y mejoramiento sus áreas de oportunidad para reflejar una mejor imagen pública.
Por otro lado, el “trabajo en equipo” de partidos políticos puede garantizar una mayor pluralidad de ideologías frente a la comunidad votante, ligado directamente con el equilibrio del ejercicio del poder en el gobierno; si la alternancia en el poder puede evitar la concentración excesiva de los mandatos absolutos de un solo grupo político, entonces la figura del gobierno de coalición puede reducir el riesgo de prácticas autoritarias o unilaterales.
Para el contexto mexicano actual, podríamos predecir que la implementación del gobierno de coalición por parte de las alianzas MORENA-PT-PVEM o PAN-PRI-PRD, traerían como principal beneficio el contrapeso entre minorías políticas. La representación actual en las cámaras legislativas de la federación y de las entidades federativas demuestra un claro rezago del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido de la Revolución Democrática.
Por ello, es indispensable para estos partidos con menor representación que resignifiquen sus fortalezas (si es que las tuvieran) frente a la comunidad votante, además de impulsar y generar propuestas legislativas innovadoras, aprovechando la plataforma de partidos con mayor presencia social, de esta forma no perderían su registro electoral ni perjudicarían su percepción frente a la ciudadanía.
Aunque pueda existir una concepción negativa sobre la cantidad partidos políticos que reciben recursos públicos, también debe destacarse que la pluralidad política en México es comúnmente aceptada por parte de la ciudadanía contemporánea. El equilibrio que pueda lograrse entre la diversidad de opiniones de los segmentos sociales, se traduciría en la pluralidad de representación de visiones particulares dentro de una alianza política.
Retos de la coalición gubernamental
Implementar por primera vez un gobierno de coalición en México conlleva el riesgo de una complejidad sin precedentes, enfrentando desafíos para el sistema legislativo, dificultades para el nombramiento de titulares de secretarías de Estado, retos para la estructura de partidos políticos, así como numerosas cuestiones y exigencias a la autoridad por parte de la ciudadanía en general.
El principal reto radica en la frágil regulación normativa. Como se señaló anteriormente, nuestro marco constitucional únicamente contempla la facultad del Presidente de la República para optar por un gobierno de coalición, pero no existe legislación específica sobre el alcance del convenio correspondiente o el contenido del programa derivado de éste, es decir, debe preverse en qué consistiría la participación de los partidos políticos electos por la ciudadanía una vez que son electos por la ciudadanía.
Las cuestiones aún por resolver serían si los partidos que integren el gobierno de coalición deben enfocarse en:
- Negociar el nombramiento de titulares de dependencias u organismos descentralizados[3],
- Acordar la integración política del personal adscrito a las cámaras de diputaciones y senadurías (representantes populares y de servicio público),
- Proponer la integración de órganos de gobierno y órganos colegiados consultivos, o en su caso,
- Si la repartición se acotará al número de plazas destinadas al servicio público de las instancias federales, estatales y municipales del orden ejecutivo, legislativo y judicial.
Ese gran vacío legal se relaciona directamente con una problemática en los Estados de la República: desde una perspectiva constitucional, si el Presidente de la República puede optar por un gobierno de coalición, ¿las y los gobernadores, así como los Ayuntamientos podrían optar por esta modalidad también?, ¿la modalidad del gobierno de coalición es exclusiva del orden federal?, ¿las alianzas políticas que resulten ganadoras en el proceso electoral deben conservar su coalición para la instalación del gobierno?
Aunado a estas preguntas sin respuesta, no es posible garantizar que los acuerdos de partidos políticos funcionarán a largo plazo pues quienes integran estos partidos pueden mantener una resistencia a sus agendas individuales, sumado a las rivalidades internas y temores de perder su “identidad partidaria”, especialmente por parte de militantes más antiguos, lo cual únicamente representaría un obstáculo para la colaboración efectiva y pondría en peligro la cohesión y el éxito de una coalición como dinámica gubernamental.
Conclusiones desalentadoras
Pese a que podemos encontrar numerosos ejemplos de gobiernos de coalición funcionales en distintos países, podemos asegurar que México se encuentra rezagado en esta dinámica debido a una resistencia institucional y al desafío que enfrentan los integrantes de partidos políticos para entablar acuerdos y negociaciones, no solo en la etapa pre electoral y sino también posterior a la celebración de elecciones.
En este artículo se expuso una serie de cuestiones sin una respuesta clara ni fundamento suficiente para generar un razonamiento contundente. Tomando en consideración la escasa regulación sobre los gobiernos de coalición en la federación y en las entidades federativas, parecería que aún no estamos listos para su respectiva implementación y en ese sentido se presentarían dificultades para lograr acuerdos a largo plazo y problemáticas para negociar; la historia nos indica que posterior a las elecciones las alianzas se diluyen y los acuerdos se olvidan, por eso resulta tan importante positivizar las bases de los contratos del gobierno de coalición en una legislación especial.
Por otro lado, entidades federativas como el Estado de México, Coahuila y Puebla ya cuentan con una Ley estatal que regula el gobierno de coalición aunque aún no se ha comprobado su funcionamiento, es decir que aún nos encontramos en una etapa temprana para realizar un análisis ex post adecuado que sirva como punto de partida para otros estados de la República y la propia federación.
Finalmente y solo de manera especulativa, si las alianzas actuales de partidos políticos tuvieran una efectiva migración a un gobierno de coalición, para las elecciones subsecuentes se podría predecir un modelo bipartidista, simplificando las visiones políticas “extremistas” al no saber negociar acuerdos en el poder, ni saber encontrar nexos comunes de las alianzas que inicialmente les unieron.
[1] Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana
[2] Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y entró en vigor en fecha 1° de diciembre del año 2018.
[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: … II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; …
Referencias bibliográficas
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Partidos Políticos.
Barceló D., Valdés D. (2016) Estudio sobre el sistema presidencial mexicano que contiene anteproyecto de ley del gobierno de coalición. Centro de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias CEDIP 2016.
Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa (consulta diciembre 2023) Gobierno de coalición. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=265
Tapia Palacios P. (2023) ¿Gobiernos de coalición en 2023 y 2024? Forbes México https://www.forbes.com.mx/gobiernos-de-coalicion-en-2023-y-2024/
