Por Cristóbal Barreto
En ocasión del Día Internacional del multilateralismo y la Diplomacia para la paz, se vuelve necesario conocer qué está haciendo el gobierno mexicano en esta materia y si sus decisiones apuntan al fortalecimiento o al debilitamiento.
Cuando reflexionamos en estos temas, generalmente los valoramos de poco impacto para la vida cotidiana y que su vigilancia corresponde a quienes se dedican a esta actividad de manera profesional, por lo que no prestamos atención y sólo nos damos cuenta cuando sus consecuencias nos afectan. Lo que dice, acuerda o firma el Presidente del país en materia internacional nos impacta más de lo que imaginamos, de manera especial cuando se trata de derechos políticos, sociales o civiles.
Los organismos multilaterales se crearon en la primera mitad del siglo XX con el propósito de evitar guerras, apoyo al desarrollo y atención a problemas comunes de las naciones (Caamaño, 2014: 4). Entre otras instituciones con esta denominación se identifica: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), El Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Con todo y su existencia no se han evitado guerras armadas (como las que se han sucedido en medio oriente o las invasiones de Rusia a países vecinos), ni las comerciales (escenificadas entre Estados Unidos y China o los bloqueos comerciales de Estados Unidos a Cuba y parcialmente a Venezuela). Sin ellas, seguramente habría mayores confrontaciones, más violencia, menos tratados comerciales y menor desarrollo.
La otra parte trascendente de estos organismos y que está muy ligada a nuestra vida cotidiana son las que supervisan el cumplimiento a los Acuerdos y Tratados Internacionales, entre estos los concernientes a Derechos Humanos. Sin esta vigilancia los gobiernos no incorporarían a la legislación derechos de los ciudadanos y obligaciones del Estado, como primer paso, y cumplir lo que está establecido en las leyes, como segundo paso. Por estas medidas es que observadores de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pueden ingresar a los países para verificar que se cumpla lo plasmado en los documentos firmados. Esto es lo que ha permitido saber de la violación a los derechos humanos en Cuba o Venezuela, de la tortura con que actúan los cuerpos de seguridad en la detención de presuntos delincuentes en México y en la mayor parte de América Latina, de la investigación de la Procuraduría General de la República sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o del trato a los migrantes y refugiados en México y en otros países.
Su presencia, además, sirve para de alguna manera orillar a que los gobiernos respeten los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Como resultado de esta observancia se ha detectado violación a los derechos políticos, de expresión, manifestación y de elección en Nicaragua con Daniel Ortega, Bolivia con Evo Morales y no se diga en Cuba con los Castro, así como en Venezuela con Chávez y Maduro. En la reelección de Evo Morales de 2019, la OEA informó que se cometieron una serie de irregularidades que impedían validar la elección y aceptar como ganador a Morales (OEA, 2019). Este hecho generó una rebelión de la sociedad y desobediencia de los cuerpos de seguridad y militar que desembocaron en la renuncia del Presidente y posteriormente su salida del país.
La OEA, funge como observador electoral en los países que la integran. Sus informes son reconocidos y aceptados, al grado que se toman como referencia para determinadas valoraciones sobre la calidad de la competencia y legitimidad de la autoridad. Han estado presentes en las elecciones de la mayoría de los países y su asistencia se da por invitación y acreditación de la autoridad gubernamental; en otras palabras, su trabajo lo desempeñan con conocimiento del gobierno, nada encubierto ni sin su anuencia.
Por este trabajo que desempeñan, en México han estado presentes por invitación de la autoridad electoral, IFE e INE, y con la acreditación respectiva de Relaciones Exteriores del gobierno en turno. Observan el proceso electoral en su conjunto, las campañas, la libertad de los partidos y sus candidatos para hacer proselitismo, la liberta de los ciudadanos para conocer las propuestas de los distintos partidos, la jornada electoral, el conteo de votos y la validación del ganador. Para la elección del 6 de junio de este año ya fueron invitados, pero no han recibido la acreditación (Castañeda, 2021).
Este proceder del gobierno federal, atrasa el ingreso al país de los representantes de la OEA y de Organizaciones No Gubernamentales que van a fungir como observadoras del proceso electoral en marcha, en el que seguramente estarían tomando nota de las críticas que hace el presidente de la República a los partidos de oposición, de las porras que organizan los representantes del gobierno a los candidatos del partido en el gobierno en los centros de vacunación del Covid-19, de la solicitud de la credencial de elector a los vacunados por los empleados de gobierno (siervos de la nación) y de la desacreditación que hace el gobierno al árbitro electoral, acusándolo de parcial y representante de los partidos de oposición.
El mejor ejemplo de lo que piensa el gobierno mexicano sobre la función que tiene asignada la OEA, se expresa en la declaración conjunta que realizaron los presidentes de México y Bolivia, con motivo de la visita de Luis Arce a México, en la que los mandatarios coincidieron en (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2021: 21):
“… la necesidad de que la Secretaría General de la OEA se limite a actuar dentro de su propio marco institucional y a abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros. México exhortó a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia. Ambos países coincidieron en no tolerar injerencias en asuntos internos de los países.”
Dicha declaración, amparada en la defensa de la soberanía nacional, denota una advertencia al organismo internacional: rechazo a cualquier opinión o Informe del proceso electoral en curso que sea contrario a lo que piensa el gobierno mexicano. La postura manifiesta que, el gobierno no se siente cómodo ni está de acuerdo con que haya instituciones que funjan como observadoras del proceso electoral.
Lo más normal y común para cualquier gobierno democrático y que no tiene nada que esconder es, abrir las puertas para que todo mundo observe el cuidado y respeto a los derechos políticos, sociales y civiles. Sin embargo, el mexicano con esta declaración, y otras posturas que ha expresado sobre la función de organismos multilaterales, se inscribe en la tendencia internacional de soberanismo, al rechazar cualquier opinión contraria a la suya. Aunque no desconoce todas las funciones que desempeñan, los acepta cuando lo benefician con apoyos y asesorías, pero también cuando coinciden con su versión.
El multilateralismo, representado en acciones como las que realiza la OEA o el Banco Interamericano de Desarrollo (que ofreció créditos al sector privado durante la pandemia y el gobierno mexicano expresó rechazo), sufre de embates por gobiernos identificados como regímenes populistas. A pesar de que estas instituciones han demostrado en la práctica ser útiles en la defensa de la sociedad, en la consolidación de la democracia y de los gobiernos que se apegan a los acuerdos y tratados internacionales. Descalificarlos y desconocer sus funciones no son una buena señal para los mexicanos, como lo muestra la experiencia de lo acontecido a los bolivianos, venezolanos o nicaragüenses.
Los organismos multilaterales tienen presencia y trascendencia en nuestra vida cotidiana más de la que imaginamos. Observan que los gobiernos nacionales no abusen de su poder y respeten los derechos políticos, sociales y civiles. Decisiones que ha tomado el gobierno mexicano apuntan a su debilitamiento, amparado en la defensa de su soberanía. Poner condiciones para su presencia y lanzar advertencias a su trabajo, expresa esconder algo que espera ningún externo ponga al descubierto.
Bibliografía:
1. Caamaño L. (2014). La eficacia del multilateralismo en las relaciones internacionales, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 8 de agosto, 2014. [en línea:] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO87-2014_EficaciaMultilateralismo_LuisCaamano.pdf
2. Castañeda J. (2021). El INE, la OEA y las elecciones de junio, Blog Amarres, Nexos, 5 de abril, 2021 [en línea:] https://jorgegcastaneda.nexos.com.mx/el-ine-la-oea-y-las-elecciones-de-junio/
3. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2021). Declaración conjunta de los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Pluricultural de Bolivia, Ciudad de México, 24 de marzo, 2021. [en línea:] https://www.gob.mx/presidencia/prensa/declaracion-conjunta-de-los-presidentes-de-los-estados-unidos-mexicanos-y-del-estado-plurinacional-de-bolivia
4. Organización de los Estados Americanos (2019). Informe final de la auditoría de las elecciones en Bolivia: Hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados, Comunicado de prensa C109/19, 4 de diciembre, 2019 [en línea:] https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-109/19
