La familia es la primera institución con la que entra en contacto todo ser humano, pues aún antes del nacimiento vive en primera persona el efecto de la relación materno-filial. De tal forma que, desde el inicio de la existencia humana, las funciones prodigadas por la familia respecto de sus miembros son insustituibles y fundamentales.
Dichas funciones no sólo cubren los aspectos materiales (alimentación, vivienda, medicamentos, entre otros) de las necesidades de sus miembros, sino también los aspectos espirituales (educación, solidaridad, afecto, seguridad, comunicación, atención, seguridad, socialización, etc.). Es sobre todo en relación a estos últimos, que la familia se convierte más que en un conglomerado de personas con funciones meramente asistenciales, en una comunidad de amor y de vida en la que cada uno de sus miembros se siente acogido, respaldado y seguro.
En ese sentido, el ambiente familiar proporciona al ser humano los bienes necesarios para desarrollarse adecuadamente y previene o corrige las situaciones que puedan afectar dicho desarrollo. De esta manera, son los padres quienes ostentan la responsabilidad primordial de la crianza, orientación y protección de los niños, quienes para desarrollarse integralmente necesitan del entorno familiar y del ambiente de felicidad, amor y comprensión que se vive dentro de él; siendo, en consecuencia, los primeros obligados en resguardar el respeto y primacía del interés superior del niño en las situaciones que lo involucran.
La familia es, por tanto, la primera unidad social en la que cada ser humano adquiere conciencia del valor de su existencia y por ende, de la importancia del respeto de su dignidad como persona humana. En la familia, se aprende a adquirir conciencia sobre los derechos inalienables de cada uno de sus miembros, promoviendo per se una verdadera cultura de Derechos Humanos y de protección hacia los más débiles.
De este modo, en una familia que puede cumplir adecuadamente sus funciones, se garantiza la protección de los derechos de sus miembros y el acceso a condiciones de vida adecuadas. Por tanto, teniendo en cuenta la solidaridad y cuidado de sus miembros entre sí, se minimiza la aparición de situaciones negativas, tales como: deserción escolar, mortalidad infantil, falta de acceso a servicios de salud, violencia y explotación sexual, adicciones y delincuencia juvenil.
En contraste, la familia ayuda a sus miembros a lograr un mayor grado de escolarización, a repartir equitativamente las cargas para eliminar la explotación, a proteger a las mujeres, ancianos y niños de situaciones peligrosas, a acceder a mejores condiciones salubres y de vivienda, a mejorar el uso del dinero, a educarlos en virtudes y reconocimiento de sus afectos de tal forma que no sean víctimas de abusos o vicios mortales.
Es decir, la familia como institución intermedia entre el individuo y la sociedad, es la comunidad que a través de la solidaridad como forma de vida, protege y educa a sus miembros para su proyección en la vida social. Y ésta conjunción de funciones es una labor que sólo puede ser cumplida naturalmente por ella y que no puede ser sustituida sin que lleve consigo una afectación para sus miembros.
En ese sentido, la familia como unidad fundamental de la sociedad contribuye a la cohesión y desarrollo social, educación en Derechos Humanos, preservación de la identidad y valores. En otras palabras, cumple un papel primordial en el mantenimiento de la cultura de una nación.
Es en base al reconocimiento de su importancia, que los principales documentos internacionales de Derechos Humanos, destacan la relevancia de su protección. Tomando algunos ejemplos, el Artículo 16, Párrafo 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estipula que «la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado»; y el Artículo 10, Párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales reconoce que» Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges».
De este modo, el interés manifestado en la protección de la institución familiar está íntimamente relacionado no sólo con el ser humano considerado individualmente, sino también con la influencia de dicha institución en la sociedad y el Estado. Puesto que, la familia al proporcionar el ambiente propicio para el desarrollo adecuado del ser humano contribuye directamente al desarrollo social.
En aquellas sociedades que protegen integralmente a las familias que la conforman y le permiten asumir plenamente su papel en la comunidad, se manifestará un mayor grado de bienestar para sus miembros. Debido a que, las personas que la conforman obtienen un mayor grado de satisfacción de sus necesidades por parte de su entorno más cercano y ello significa: educación de ciudadanos preparados para los retos que representa la vida en sociedades modernas; y de otro lado, menor grado de preocupación estatal para brindar soluciones a necesidades materiales y espirituales ante la presencia de personas sin familias que los acojan.
En ese sentido, el Estado tiene la obligación fundamental de proteger la familia a la que pertenece todo ser humano bajo su jurisdicción; ya que, aquella es la comunidad que responderá de manera más satisfactoria ante sus requerimientos como persona humana en todo el transcurso de su existencia, y ésta protección no sólo beneficia al ser humano como individuo (aislado) sino que, primordialmente, representa una garantía para el Estado de alcanzar sus objetivos respecto de la consecución del bien común.
Las relaciones vividas al interior de la familia y la interacción de ésta con grupos semejantes tienden a producir un grado de desarrollo para sus miembros y la comunidad que no pueden lograr por sí mismos las subvenciones y programas estatales de mejoramiento de las condiciones sociales.
Por tanto, los Estados en cumplimiento de sus compromisos y en concordancia con los valores de las sociedades a las que representan, están obligados subsidiariamente a proporcionar el apoyo integral necesario para la familia y sus miembros, a través de un marco legislativo y políticas públicas preventivas y de solución pertinentes en áreas tales como: promoción del empleo y de la estabilidad económica, acceso a los servicios de educación y salud, reparto equitativo de responsabilidades labores y familiares entre mujeres y hombres, empoderamiento y protección de los más débiles, mejoramiento de condiciones de vivienda y seguridad social, protección frente a la violencia y separación forzada, medidas especiales para las madres y los recién nacidos, entre otros.
En base a lo expuesto y en coherencia con los compromisos internacionales asumidos por la gran mayoría de Estados en la actualidad, es imperativo volver la mirada sobre la institución familiar como un factor fundamental para alcanzar un mayor grado de bienestar para el ser humano y mayores índices de desarrollo social.
