Algunas reflexiones y nuevos retos de desarrollo
Luego de un recorrido de alrededor de dos meses por varios países de Centro y Sudamérica, contactando a organizaciones de mujeres de primer grado, agrupaciones de segundo nivel y organizaciones políticas de mujeres indígenas, visualizo nuevos retos para las organizaciones de mujeres en el trabajo constante de capacitación sobre derechos individuales y colectivos, pasando por la CEDAW, Plataforma de Beijing, Belén do Pará y la Declaración 169 de la OIT, que parecen haber calado en la conciencia de las mujeres, hombres, instituciones públicas y organizaciones de cooperación al desarrollo, le han seguido las acciones de planificación estratégica a través de la realización de una serie de agendas de desarrollo de las organizaciones, en las que se han priorizado temas como: ambiente, salud, educación, violencia, generación de empleo, que requieren atención urgente.
A estos avances de pensamiento estratégico, siguen pendientes las acciones de concreción de los Planes (Agendas) desde una perspectiva de integralidad de calidad de vida (Nussbaum, Martha, Sen Amartya, 1996). Las actividades que se realicen, requieren que se aborden cuatro temas trasversales: el enfoque de derechos, la interculturalidad y su comprensión, el enfoque de género vigente porque las mujeres continúan sufriendo una discriminación flagrante y, en cuarto lugar, el rol de las agencias de desarrollo y la cooperación internacional.
Respecto del enfoque de derechos, concebido como la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes del Estado y de ampliar las capacidades de las personas para ejercer sus deberes y derechos humanos, individuales y colectivos, se torna una tarea impostergable para los actores que trabajan en el desarrollo en América Latina. Ello supone un esfuerzo por declinar las agendas propias y volcarse a apoyar las iniciativas nacionales y locales, las agendas locales de desarrollo con una visión y práctica que respete los procesos estratégicos de los territorios subnacionales y locales y que considere la visión integral que implica el desarrollo con el enfoque de derechos, teniendo como centro a la persona humana, en este caso, las mujeres indígenas, permanentemente excluidas de la política pública y la toma de decisiones.
El enfoque de derechos implica ver a las mujeres indígenas y las comunidades como poseedoras (al menos como expectativa) de derechos factibles de ser exigidos, en primer lugar al Estado, titular de deberes, pero también a todos los individuos con los cuales se relaciona, que son al mismo tiempo sujetos de los mismos derechos y titulares de derechos.
Sobre el enfoque de género, para Gloria Ardaya (Ardaya, 2012), “Partimos del supuesto de que en general, las mujeres latinoamericanas no han estado excluidas de procesos económicos, políticos y sociales, al margen de los intentos de invisibilizar su contribución al desarrollo y a la política y más recientemente, a la consolidación de las democracias. También, sostenemos que las sociedades latinoamericanas son culturas políticas, sociales y familiares patriarcales que practican la división sexual del trabajo. Este inconsciente colectivo atraviesa clases sociales, edad, países e ideologías, entre otros. También la institucionalidad pública y privada, manifiesta esas características”.
“Las mujeres son diversas. No existe la “mujer”. Están marcadas por la edad, la historia familiar, religiosa, el origen socioeconómico y político tanto como por sus experiencias de discriminación, por su condición de género en su biografía personal y en sus respectivas carreras profesionales y políticas” (Ardaya Gloria, 2012).
Si bien las mujeres en general sufren un conjunto de discriminaciones, las indígenas viven una acentuada discriminación además por su origen étnico. Nunca abandonan la doble jornada laboral. Tienen escaso acceso a los recursos productivos como la propiedad de la tierra; al crédito y a los mercados. La mayor tasa de analfabetismo está localizada en esta población, al igual que la mayor mortalidad materna y la violencia intrafamiliar. Son responsables de la economía del cuidado y tienen escaso acceso a la representación social y política, la que muchas veces está caracterizada por el “acoso político y sindical”.
Tanto en su vida pública como privada, son objeto de la violencia machista familiar y social que les impide ejercer sus derechos a plenitud. En general, su acceso a la justicia está limitado y, en muchos casos, la justicia comunitaria les reafirma su rol subordinado dentro de sus respectivas comunidades.
Hablemos sobre la interculturalidad, nuevamente citando a Gloria Ardaya, “El mundo indígena no es homogéneo. Es la expresión de un conjunto de variables internas y externas. Es el resultado de una historia milenaria. En el continente, son aproximadamente, cincuenta millones de personas que asumen esa identidad.
No confundimos población indígena con ruralidad ya que, como muestran varias ciudades del continente, ellas albergan poblaciones indígenas y que se asumen como tales. También, somos conscientes de la diferencia entre población indígena y campesina. Otra forma de expresión de esta complejidad, son las diferencias entre nacionalidades originarias. Expresan diferencias de comportamientos, por ejemplo, nacionalidades originarias de tierras altas y de tierras bajas, de mayor o menor profundidad histórica, para citar algunas de ellas; las bilingües de las monolingües, etc. También sabemos que las identidades asumidas expresan distintos niveles de subjetividad, marcadas por estructuras de poder dominantes o por determinadas coyunturas políticas. Por tanto, son cambiantes”
Finalmente, respecto del rol de la cooperación internacional, en la última década, las relaciones de cooperación entre los países y la cooperación descentralizada, han evolucionado notablemente, de la relación vertical “norte”-“sur” “donante”-“beneficiario”, que tiene como objetivo la transferencia tecnológica y de recursos, se ha pasado a la definición y práctica de relaciones más horizontales, en las que el foco de atención e intervención se centra en el refuerzo de los gobiernos nacionales y locales y de las políticas públicas y prioridades estratégicas diseñadas por los países y gobiernos descentralizados (Declaración de París, 2005).
El valor agregado de este tipo de relación ya no es la transferencia de recursos o tecnológica o el valor de lo exógeno; sino la relación entre homólogos, en la que se reproduce un esfuerzo mutuo un “codesarrollo” en que se comparte una agenda conjunta para el desarrollo. Esta forma de relación privilegia que las prácticas que se desarrollan en los países y territorios respondan a las necesidades reales de los ciudadanos, quienes desde una perspectiva más endógena tienen una visión más cercana del proyecto nacional y/o territorial, establecida en sus planteamientos estratégicos y tácticos de planificación, Es decir, estamos ante una visión más rica, fructífera, a la vez compleja de la política pública (Boisier, 2004). En este marco, el apoyo a las agendas “propias” locales de las mujeres indígenas, se torna un reto impostergable de asumir, no se trata solo de trabajar por el enfoque, sino de apoyar procesos de construcción estratégica local, desde una perspectiva de cooperación horizontal, que ve en el tenedor de derechos, la posibilidad de ejercicio concreto, de actoría real, de capacidades que se convierten en competencias para ejercer los derechos. Asumir este reto es una necesidad histórica de la cooperación al desarrollo.
Bibliografía:
Nussbaum Martha y Sen Amartya, La calidad de vida, Fondo de Cultura Económica, 1996.
Ardaya Gloria, Marco teórico conceptual para la evaluación del Programa Regional Indígena, ONU-MUJERES, 2012.
Boisier Sergio, Una revisión heterodoxa del desarrollo territorial, Universidad Católica de Chile, 2004.
Guerrero Grace, El enfoque de derechos humanos en el desarrollo rural, HDCA, Lima, 2009.
SEN, AMARTYA. Libertad y Desigualdad en ¿Qué impacto puede tener la ética?, BID, 2000.
Diputación de Barcelona, La agenda de París vista desde lo local, 2009.
