Por Dr. Fidencio Aguilar Víquez.
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Lo peor que le puede pasar a México “es ser un país de cínicos”, dijo quien fuera presidente de la república, José López Portillo (1976-82). Su gobierno terminó ahogado en los escándalos de corrupción e impunidad. Actualmente la situación no es distinta en el ámbito político, incluso se ha acentuado, con una agravante, la corrupción y la impunidad se visten de “autoridad moral”. La clase política en general apela a tal autoridad sólo para confirmar ese cinismo. Con ello, el Estado ha abdicado de su fin.
Tal abdicación explica, como expuso Mauricio Merino en el segundo Diálogo por la paz en Guadalajara, por qué el país está inundado de violencias, odios, pobreza y miedo. El Estado ha tenido, con ello, una doble derrota: a) Impotencia para garantizar el Estado de derecho; b) Prepotencia de quienes lo han capturado (1). El cinismo que carcomió a López Portillo es el mismo del que no pueden librarse hoy nuestros representantes. Esta incapacidad de ver, reconocer y actuar para resolver los problemas nacionales expresa cómo la prepotencia ha llevado a la impotencia para contener las violencias.
En amplias zonas del país no hay más ley que la del crimen organizado. La colusión de la clase política con los grupos criminales ha dejado ver una realidad escalofriante: hay zonas enteras donde éstos imponen sus leyes y cobran derecho de piso. Si alguna autoridad se opone a esto, las consecuencias son fatales, como ya ha ocurrido (Tequila, Jalisco). Las armas gobiernan en esos lugares, no las leyes, lo que implica la derrota del Estado. Las libertades fundamentales son letra muerta ahí.
En el tema de las desapariciones se nota esa ausencia del Estado de derecho. México Evalúa ha dado a conocer que el 2025 ha sido el año que supera a los anteriores, en donde se han conocido datos de 12 mil 872 desapariciones. En 2023 fueron 10 mil 309; en 2021, 7 mil 995; en 2017, 6 mil 912; en 2014, 4 mil 114 (2). Ante esto la pregunta es: ¿Dónde está el Estado?
Como indica Merino, hay una paradoja sobre el funcionamiento del Estado en México, que se advierte impotente para garantizar la seguridad y las libertades civiles y políticas, y en cambio, prepotente respecto a una serie de reclamos de la población. El Estado con esa doble derrota (impotencia y prepotencia) ha abandonado su función principal: defender los derechos y las libertades para la construcción del bien común y la justicia, así como impedir que el poder se centralice y/o se desborde.
El Estado no es capaz de abarcar lo que es el pueblo ni la nación. Por su parte, el pueblo no es una entidad monolítica y homogénea, sino plural y heterogénea. El pueblo es el sustrato, el sujeto colectivo que vive a lo largo del tiempo; es histórico y, como entidad viva, le llamamos nación. México es una nación, pero una nación diversa que, en el momento presente, le llamamos patria (tierra de los padres) y/o matria (tierra de las madres), imagen bella y conmovedora si miramos a las madres buscadoras.
Pues bien, el pueblo que se organiza jurídicamente, que —a través de la representación— ejerce su soberanía mediante instituciones, que delibera y establece cómo debe ejercerse el poder y, sobre todo, pone límites a sus representantes, a esa forma de organización le llamamos Estado. Y se le organiza no como instrumento de dominación, sino como árbitro entre el mercado y la sociedad civil, entre el capital y el trabajo, para asegurar el cuidado existencial del pueblo.
Cada vez que el Estado es impotente los violentos triunfan y la violencia se desborda. Esa impotencia del Estado es la causa eficiente de las violencias en México, como dijo Merino en Guadalajara. Eso es lo que está pasando en nuestro país: las violencias se han desbordado. No digamos sólo en esos lugares donde el crimen organizado manda, sino en el ambiente político mismo, donde, se insulta, se ofende, se descalifica. El otro no existe, ni los adversarios ni la oposición.
El cinismo se completa con la prepotencia de quienes han capturado al Estado. Se habla de captura porque no lo jefaturan ni lo dirigen, sino lo utilizan para beneficio de sus intereses. Es la prepotencia de los abusivos, los corruptos, los violentos. Ejemplos sobran, desde los desbordamientos de algunos legisladores que obligan a los ciudadanos a humillarse en público, hasta los presidentes municipales que, como en algunas regiones, se someten a los cárteles, a la violencia de las armas.
La narrativa que acompaña el cinismo es que tienen la “autoridad moral” para adueñarse del presupuesto del país, ejercerlo como les dé la gana —sobre todo para generar clientelas electorales y hacer negocios con sus cuates— y echarle la culpa de la violencia y de la corrupción a otros, a los que —dicen— hay que eliminar y mandarlos al “basurero de la historia”. Los prepotentes, por eso, se niegan a dialogar, a discutir, simplemente imponen (“para eso es el poder”, sostienen). Y lo hacen.
En 1979, en ese clima de corrupción y cinismo, Octavio Paz señalaba que México estaba en una disyuntiva: la democratización para que el desarrollo económico se tradujera en desarrollo social y político, o, bien, la violencia. “Si el gobierno y el PRI decidiesen —decía el Nobel — cerrar los canales a la crítica, al disentimiento y a la acción democrática independiente, se repetirían los horrores de 1968 y los del Corpus Christi de 1971. (…) se abriría la puerta al ejército o, más probablemente, a bandas paramilitares.” (3).
Como se sabe, Reyes Heroles inició las reformas políticas y electorales reconociendo la pluralidad política y social del país. De 1977 a 1996 se crearon los instrumentos para una democratización del país. Hoy tenemos no tanto la repetición de 1968 y 1971, sino el ensangrentamiento de buena parte del país. Las violencias lo han herido profundamente y los recientes atentados contra la democracia cierran los canales a soluciones verdaderas.
Es preciso liberar al Estado y vitalizar a la sociedad civil con vínculos concretos, significativos, afectivos, de convivencia, de metas y logros comunes. De ese modo, colaboraremos en la construcción del bien común, la justicia, la paz en el orden (4), la fraternidad, reconociendo que somos hijos e hijas de un mismo pueblo, con la misma dignidad.
