Por Cristóbal Barreto.
En el libro Las crisis de la democracia, ¿adónde puede llevarnos el desgaste institucional y la polarización? de la autoría de Adam Przeworsky, se plantea que la democracia a lo largo de su historia reciente, no más de 200 años, ha entrado en varias crisis que al paso de los años supera. Lo ideal es que no hubiera crisis y para ello se requiere que: a) los gobernantes respeten el Estado de derechos y dejen el poder en el tiempo establecido; b) los partidos políticos sean leales a la competencia electoral, si pierden lo reconozcan porque tiene como estímulo que en la siguiente elección pueden ganar: c) los ciudadanos apoyen al partido y candidatos que respeten las reglas democráticas y rechacen a los que engañan. Si uno o varios de estos actores no actúa bajo estos criterios, la democracia queda amenazada y puede entrar en crisis.
Entre 1788 y 2008 el uso de la fuerza y la violencia fue práctica recurrente en el cambio de gobierno, hubo 544 elecciones y 577 golpes de Estado. En el caso de las elecciones sólo en 1 de cada 5 terminaron en derrota de quien ejercía el gobierno y lo entregaría de manera pacífica.
Esa es la dimensión de lo acontecido, gobernantes que llegaban al poder por la vía de las urnas o por la fuerza y su negativa a dejarlo pacíficamente. El procedimiento contrario a la democracia:
- Golpe de estado gubernamental. Consiste en que el gobernante desconoce la Constitución o a los otros Poderes de la República y se niega a convocar a elecciones para quedarse en el cargo más allá del período para el que fue electo (Alemania e Italia previo a la Segunda Guerra mundial y Honduras en 2009).
- Intervención militar. Es la toma del poder por las fuerzas armadas desconociendo la autoridad civil y la división de poderes en que se divide la República democrática (Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile en la década de los 70s y Ecuador en el 2000).
- Guerra civil. Es la lucha armada para derrocar al gobierno y quedarse con el poder gubernamental (Haití, la mayor parte de su historia, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979).
Estas manifestaciones antidemocráticas que derivan en crisis se presentan cuando surge una o más de las siguientes situaciones: a) desigualdad económica cuando el coeficiente de Gini es igual o superior a 0.50, b) caída del ingreso salarial, c) insatisfacción militar con respuestas del gobierno civil a demandas sociales, d) crisis económica o política, o e) amenaza de guerra con otros países.
En el siglo XXI, ya no es común el golpe de Estado o la guerra civil para hacerse del gobierno, porque los partidos y sus políticos son más propensos a llegar al poder y conservarlo mediante el sufragio. Sin embargo, algunos políticos, una vez en el poder buscan quedarse en él alterando las reglas y/o erosionando las instituciones gubernamentales que fungen de contrapeso. Esta forma sigilosa consiste en llevar a cabo pequeñas modificaciones a las normas, reglas o leyes que inclina la balanza de la competencia. Los ciudadanos no las detectan, la opinión pública por lo general las aprueba y los partidos de oposición dudan en impugnarlas ante los tribunales porque observan cierta aceptación social, a pesar de que corren en contra de las reglas democráticas. Estas modificaciones consisten en:
- Emisión de Decretos que contravienen los reglamentos, normas o leyes que limitan los derechos de los ciudadanos a estar informados. Oculta información sobre el uso de recursos públicos, contratos, proveedores y montos de inversión.
- Aprobación de leyes secundarias que limitan las funciones sancionadoras de los órganos autónomos. El gobernante y su partido violan las normas porque las sanciones no tienen mayor trascendencia.
- Reducción del presupuesto de las instituciones autónomas que limitan el ejercicio de su poder. Los órganos reducen su capacidad de supervisión porque los recursos no les alcanzan para cumplir todas sus tareas.
- Aprobación de personas incondicionales, capaces o no, en instituciones que hacen funciones de contrapeso, para que juzguen con criterio político-ideológico los temas que les toca atender.
- Intimidación de personajes críticos con acusaciones públicas, que las más de las veces no se formalizan ante las instancias judiciales y cuando lo hacen no prosperan por falta de pruebas.
- Presión a fiscalías, magistrados y ministros para que actúen bajo criterios políticos que favorezcan a los intereses del gobernante.
- Negación del gobernante a atender instrucciones judiciales que le mandatan abstenerse de intervenir en los procesos electorales.
Este proceder lo han llevado a cabo gobernantes en América Latina a fin de quedarse más de un periodo en el gobierno o ceder el cargo a uno de los suyos. Lo hicieron en su momento Alberto Fujimori en Perú, Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Manuel Zelaya en Honduras, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Jair Bolsonaro en Brasil, Jimmy Morales en Guatemala, Daniel Ortega en Nicaragua; y lo aplican en la actualidad, Nayib Bukele en El Salvador, Alejandro Giammattei en Guatemala y Andrés Manuel López Obrador en México.
La democracia se pone en riesgo cuando los actores no se guían por el Estado de derecho, se aprovechan del poder para favorecer los intereses de su causa, las de su partido o aliados; cuando los partidos no son leales a los principios de mayoría y respeto a la minoría; cuando los diversos actores no defienden las leyes y a las instituciones en el sistema de pesos y contrapesos; pero también cuando los ciudadanos aprueban y apoyan al que violenta las normas que rigen la vida democrática. Y entra en crisis, cuando el gobernante que llegó por la vía democrática modifica la Constitución para quedarse más tiempo por el que fue electo o alteras las reglas electorales para sacar ventaja en la competencia y el cargo no queda en riesgo de perderse para él o el candidato de su partido.
Para Przeworsky (p. 31)
“… la democracia funciona sin tropiezos cuando los conflictos que surgen en la sociedad, cualesquiera sean, se canalizan dentro el marco constitucional y se procesan por su intermedio -mediante elecciones, sobre todo, pero también sistemas de negociación colectiva, tribunales y burocracias públicas- sin impedir a nadie el acceso a esas instituciones sobre la exclusiva base de la índole de sus demandas. En pocas palabras, la democracia funciona cuando los conflictos políticos se procesan en libertad y con paz civil.”
Varias democracias de América Latina están en crisis y otras parece entrarán a esa lista. En Venezuela y Nicaragua hay elecciones, pero el partido gobernante no corre el riesgo de perder el poder porque controla las instituciones que organizan las elecciones; en Guatemala el contendiente a la presidencia de la República con las preferencia electorales más altas fue inhabilitado mediante una maniobra legal para seguir en la competencia, tal como lo hizo Daniel Ortega con sus opositores en la competencia presidencial; en El Salvador, Nayib Bukele buscará reelegirse con el aval de los tribunales, aun cuando la Constitución lo prohíbe expresamente; en México, el presidente de la República desacata las normas electorales y las resoluciones de las autoridades que le prohíben entrometerse en la elección de los cargos de elección popular.
La democracia enfrenta riesgos en varios países y en otros se encuentra plenamente en crisis. Para evitar que caiga en crisis o salga de ella, se requiere de políticos y ciudadanos que se opongan a las prácticas sigilosas que erosionan a las instituciones garantes de la legalidad y que en las elecciones voten contra los partidos y candidatos antidemocráticos.
Referencias bibliográficas
Przeworski A. (2022), Las crisis de la democracia ¿adónde puede llevarnos el desgaste institucional y la polarización? México, Siglo XXI, pp. 239.
