Por Andrea Munguía Sánchez
Se entiende por vulnerabilidad ambiental la capacidad de respuesta al impacto que a nivel mundial generan los problemas medioambientales, ya sean de origen natural o provocados por la actividad humana, y que afectan la calidad de vida e impiden el desarrollo de las poblaciones.
Esta capacidad de respuesta ante los desastres depende en gran medida de las condiciones de vida y de los contextos político, social, económico, cultural e institucional en el que viven en las distintas regiones, así también de la relación que las personas tengamos con el medio ambiente.
La condición de vulnerabilidad se encuentra relacionada también a las características del sujeto y al riesgo existente de sufrir daños, y ante un desastre natural -resultado del cambio climático- todo y todos somos vulnerables: unos más que otros. (Alenza, 2019:9) Por eso mismo se considera importante cuantificar la vulnerabilidad, debido a que esta condición se atribuye también a distintas especies de fauna, flora, ecosistemas, infraestructuras y determinados países, haciendo necesario darle mayor precisión al riesgo de ser dañado (Alenza, 2019:7-8).
Un efecto importante sobre la vulnerabilidad ambiental a la que estamos expuestas las personas, y el planeta entero, que está tomando auge hoy por hoy es que, aún con las medidas de confinamiento tomadas ante los efectos de la pandemia -lo que se creyó sería un “descanso” para el cambio climático y el calentamiento global por la disminución de emisiones diarias de CO2 de origen fósil-, los registros han demostrado que las emisiones de gases de efecto invernadero a principios de junio de 2020 se situaron tan sólo por debajo de los niveles del 2019 (Organización Metereológica Mundial, 2020) y en consecuencia al encierro se incrementó el consumo de plásticos y cartón, generados por los servicios de comida a domicilio; el uso de aparatos electrónicos por la permanencia en casa; las emisiones de metano procedentes de la actividad humana; y desechos de material de uso médico como el cubreboca.
Un segundo efecto de la pandemia en América Latina en relación al cambio climático y la capacidad de recuperación ante los desastres, que deja en apuros a esta región, ha sido señalada por la Cepal en una de sus más recientes publicaciones (2021): la duración del Covid-19 y sus variantes, incrementan la posibilidad de riesgo originado por otras amenazas que lleguen a ocurrir de manera simultánea, debido a que para contrarrestar a la enfermedad se realizó una disminución en el gasto de protección ambiental del 0.4 al 0.2 por ciento (Rodríguez, 2021).
En razón a lo anterior, una de las evidentes consecuencias de la crisis ambiental y cambio climático (que no es lo mismo) es la migración originada por desastres naturales, que a su paso dejan daños en poblaciones en sí mismas -por sus características y condiciones de vida- consideradas vulnerables, y que actualmente son conocidos como migrantes climáticos. Los huracanes Eta e Iota afectaron a comunidades enteras en Centro América, el Caribe y México en noviembre del 2020, dejándolas con grandes pérdidas humanas, económicas y materiales, que hasta la fecha los gobiernos no han podido atender y han dejado varados a los migrantes hasta por un año en su camino, exponiéndolos también a los diversos riesgos que implica encontrarse en un país que no es el de origen: viviendo en la calle, sin protección social ni asistencia médica y, a las agresiones de los agentes migratorios y violación de sus derechos humanos, como acaba de suceder en la frontera con Chiapas el pasado 29 de agosto de 2021. Aunado a los problema sociales y económicos que se han generado por el paso de los dos recientes huracanes Ida y Nora.
Al norte del continente los intensos incendios forestales obligaron a las personas a dejar sus hogares y a grupos en defensa y cuidado de la biodiversidad a la adaptación de espacios para salvaguardar a especies vulnerables o que se encuentran ya en peligro de extinción por la invasión de sus territorios resultado de la actividad y (búsqueda) de la supervivencia humana.
Negar la relación existente entre el cambio climático y la vulnerabilidad de la población a la contaminación, a la que nos encontramos expuestos en diversos aspectos de nuestra vida, es negar todos aquellos esfuerzos que desde la década de los 70 se han realizado para mitigar la huella ecológica y el derecho de toda persona de vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. La aparición de nuevas enfermedades , y el resurgimiento de otras, por el cambio de las dinámicas asociadas al uso y explotación de los recursos naturales es tan sólo una expresión de esta relación.
Como bien lo menciona la OMM, la crisis ambiental es resultado de una variación prologada de décadas e incluso de siglos que para contrarrestarla no sólo son necesarias nuevas soluciones tecnológicas o medidas temporales de inactividad, sino un cambio gradual, pero urgente, en los modelos de consumo y desecho en todos los niveles Así también como la toma de medidas adecuadas que nos ayuden a acercarnos a los objetivos de los acuerdos ambientales como el de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas.
Referencias
Alenza, F. (2019). Vulnerabilidad Ambiental y Vulnerabilidad Climática en Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 10 (1). DOI: https://doi.org/10.17345/rcda2579
Esparza, M. y Díaz, M. (s.f). Vulnerabilidad ambiental y región: algunos elementos para la reflexión. En Observatorio del Desarrollo. Pp. 26-28 Disponible en
https://estudiosdeldesarrollo.mx/observatoriodeldesarrollo/wp-content/uploads/2019/05/OD6-6.pdf
Organización Metereológica Mundial. (9 de septiembre 2020). Comunicado de Prensa “El cambio climático no se ha frenado por la COVID-19, según el informe United in Science”. OMM. https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-cambio-climático-no-se-ha-frenado-por-la-covid-19-según-el-informe
Rodríguez, S. (17 de agosto 2021). Tras covid-19, gasto en protección ambiental disminuyó en Latinoamérica: Cepal. Milenio. https://www.milenio.com/negocios/covid-19-gasto-proteccion-ambiental-disminuyo-latinoamerica