Por Cristóbal Barreto.
Cuando pensamos en ciudadano por lo general en América Latina lo relacionamos con la persona común: el empleado, con el profesor, con el estudiante, con el adulto mayor. Es decir, lo circunscribimos a personas con una ocupación no política, con determinada edad e investida de derechos y obligaciones. Quien no ocupa un cargo político ni vive profesionalmente de esta actividad. Y cuando se piensa y habla de política, por lo general se asocia a funciones y cargos públicos desempeñados por personajes ajenos a la forma de vida de cualquier vecino o trabajador común. La función es vista como acción de unos cuantos y de esos pocos con estilos y lenguajes distantes al ciudadano.
En palabras del sociólogo inglés Humphrey Marshall (1992, 18), quien expuso su reflexión sobre el ciudadano a mediados del siglo XX, es la persona investida de derechos civiles, como son las libertades individuales, que incluye libertad de creencia, de pensamiento, de realizar contratos, etcétera; derechos políticos, votar y ser votado, pertenecer a un partido político; y derechos sociales, acceder a determinados servicios de bienestar, como salud, educación, agua potable, luz, entre otros. En síntesis, toda persona sin distinción de edad ni manera que se gane la vida. En cambio, para el sociólogo norteamericano Thomas Janosky (1998, 9), es la persona de un Estado-nación, que nació en su territorio, como aquella que comparte las tradiciones y la cultura nacional; en sus palabras “…membresía pasiva y activa de individuos en Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad”.
Ambas nociones, la de Humphrey Marshall como la de Janosky, son distintas a las que generalmente usamos para nombrar al ciudadano. En algunos países se señala ciudadano a quien tiene una determinada edad, en otros a todas las personas que les reconocen determinados derechos, sin importar su edad. Los dos sociólogos lo que nos expresan es que el ser ciudadano significa estar investido de derechos y que el Estado está obligado a reconocer y proteger.
El ciudadano, desde la óptica de la Doctrina Social de la Iglesia con una mirada amplia, reconoce a la persona con su dignidad infinita para desenvolverse plenamente en su quehacer cotidiano y cita en Evangelii gaudium del papa Francisco (2013, no. 220):
En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos que «el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral».
El papa Francisco opta por una dimensión distinta a la expresada por la sociología o el derecho, que es la moral, la de la responsabilidad con su comunidad, la que mira hacia el bien común, la que no ve solo para sí, sino aquella que tiene en cuenta al otro, a los otros. Asumirse como ciudadano implica una responsabilidad crítica, no dejarse llevar por modas, no dejarse arrastrar por coyunturas políticas, oponerse a que lo corporativicen políticamente.
Cada una de estas nociones, las dos de la sociología y la de la Doctrina Social de la Iglesia, dejan en claro que el ser ciudadano no está opuesto a participar en la política o que el político no es un ciudadano. Más bien lo que se remarca es, que existe una obligación moral del ciudadano de participar en política, porque genera bien común, porque resuelve de manera pacífica las diferencias que se expresan en la comunidad.
Por supuesto que es distinto no poder participar en política a negarse a hacerlo por apatía o por considerarla inmoral. No se puede participar cuando el gobierno niega esa posibilidad, por proscripción manifiesta, o cuando no hay condiciones para ello, porque no hay condiciones de seguridad. En algunos países de América Latina se complica la participación política cuando los gobiernos niegan o dificultan la inscripción de candidatos opositores al partido gobernante. Pasó en Nicaragua en 2021 y en Venezuela en 2024. En México también sucedió, pero con una modalidad distinta, en las elecciones de 2021 la violencia de la delincuencia organizada orilló a candidatos a cargos locales a declinar su participación por inseguridad.
En estos casos, los derechos y participación del ciudadano se vieron limitados por diversas interferencias ajenas al deseo ciudadano de involucrarse en las decisiones de su comunidad. El ejercicio pleno de la ciudadanía es una responsabilidad que algunas ocasiones no se cumple porque entran en juego circunstancias y condiciones ajenas al deseo de hacerlo.
La ciudadanía no es algo ajena a la política ni la política es exclusiva para los profesionales. La persona común (lo que comúnmente en Latinoamérica llamamos ciudadano), realiza con frecuencia acciones políticas sin que necesariamente esté consciente de ellas: consulta y opina de los resultados del ejercicio gubernamental, acude a mítines políticos, a favor o en contra de una autoridad, exige o calla resultados gubernamentales, cuestiona y critica obras públicas que le afectan, se afilia a un partido o una organización política, aplaude o repudia a su autoridad gubernamental.
Al ciudadano, no le es ajena la política, la rechaza, la detesta y le desagrada por el quehacer político de sus autoridades electas: inmorales, corruptas, tramposas, injustas. Y por estas consideraciones es que comúnmente separamos ciudadanos y política, cuando en realidad hay una imbricación en la vida cotidiana. El que el ciudadano no participe, se aleje y hasta sienta asco por la política, le beneficia al político profesional, porque de esa manera éste se siente menos exigido, menos vigilado y comprometido a cumplir con sus obligaciones, que en este caso corresponde a derechos de los ciudadanos como la transparencia, la rendición de cuentas, la de consultarlos, la de dar resultados.
Ciudadanía y política, dos sujetos distintos más no excluyentes. Los ciudadanos en su vida cotidiana hacen política, política no profesional, pero al fin política, que las más de las veces tiene el propósito del bien común.
Referencias
Humphrey Marsall, T. y Bottomore, T. (1992), Citizenship and Social Class, Pluto Press, Londres. Citado por Olvera, A. J. (2016), Ciudadanía y Democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática No. 27, Instituto Nacional Electoral, México. P. 30.
Francisco (2013). Evangelii gaudium. Exhortación Apostólica, San Pablo, México.
Janosky, T. (1998). Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligation in Liberal, Traditional and Social Democratic Regimes, Cambridge University Press, Cambridge.
