Por Cristóbal Barreto.
Ejercer una función pública con determinada legitimidad electoral y popularidad, puede confundirse como la autorización para sentenciar culpables o exonerar acusados, olvidando las funciones y facultades de poderes e instituciones gubernamentales.
Esta situación, que es lo más lejano es la verdad y la justicia, genera víctimas -que se suman a las ya existentes- que suelen quedarse sin atención, en un país donde los responsables pasan al lado de la impunidad.
El actual gobernante del país ganó las elecciones del 2018 con el 53% de los votos, un porcentaje muy superior al logrado por los últimos cinco presidentes que le anteceden; durante su ejercicio político no ha atendido a las obligaciones y restricciones legales aplicables a su función. Desde su cargo ha señalado y acusado a distintas personas de probables delitos, a la vez que exonera a otras -no sólo expresando su opinión- ante circunstancias que evidentemente debe resolver un juez y no el ejecutivo.
Las preguntas obligadas ante tal comportamiento son, ¿por qué se le permite este actuar? ¿Por qué no hay reclamos que trasciendan la denuncia mediática y de redes sociales? ¿Por qué las instituciones que se ven invadidas en sus funciones no defienden sus facultades? Y ¿por qué sectores sociales que antes eran sensibles a la invasión de facultades e injusticias no hacen sentir su voz como antes?
La popularidad del titular del ejecutivo federal, en ese 2018 y de alguna manera en el 2021, se traduce como el respaldo que el presidente necesita para “dictar” justicia, sin que corresponda a la atribución y mucho menos, acorde a la verdad verificable. En lo que va de su mandato se ha señalado a empresarios, políticos, comunicadores, servidores en funciones o fuera del cargo, e incluso a jueces como culpables o inocentes sin una evidencia confiable, ya que eso no importa. Lo que sí importa es la coincidencia o la participación en un proyecto político para ser sentenciado responsable o absuelto (de acuerdo al Proyecto de Justicia Mundial, México en el Índice de Estado de Derecho 2021 ocupa el lugar 113 de 139 evaluados, por sus resultados en límites al poder gubernamental, orden y seguridad, justicia civil y penal).
En el actuar político cotidiano, el inocente puede ser catalogado de culpable y el presunto culpable, como inocente o protegido por el poder gubernamental. Por mencionar, estos han sido algunos de casos más representativos: el senador Félix Salgado Macedonio, el historiador Pedro Salmerón -ambos acusados de abuso a mujeres- y los responsables de la caída de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México. Pareciera que las instituciones responsables de investigar y hacer cumplir la justicia a los posibles infractores caminan sobre un criterio dictado a la vista de todos los mexicanos), en donde si no hay delito que perseguir, miran hacia otro lado.
El político o servidor público que es acusado de misógino, acosador, violador, puede ser que ni siquiera enfrente la justicia, y de hacerlo, es muy probable que quede absuelto porque ya fue emitida alguna sentencia pública desde un cargo de poder distinto al judicial. La o las víctimas no reciben justicia y su denuncia, en caso de llegar a investigación, queda sin atención o sin conclusión [en 2020 se denunció el 10.1% de los delitos cometidos, en el 67% de ellos se integró carpeta de investigación (6.7% del total), lo que da una Cifra negra de 93.3%, de acuerdo a medición del INEGI 2021].
Hoy en día la presión social contra el abuso de poder ya no se expresa en la calle, en los recintos universitarios ni en los debates académicos, como sucedió en otros momentos. En el espacio público sí registra denuncias que se hacen saber en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero no cobran el significado que tuvieron las realizadas presencialmente y en el diálogo de personas reconocidas socialmente.
El abuso de algunos de los que hoy ejercen el poder público no se sanciona ni siquiera como antes, con la destitución del cargo, ostracismo o indefensión mediática, más bien se da una defensa con todo el poder del gobierno, en la idea de dejar claro que cuenta con la protección de quienes creen y apoyan a que el presidente mantenga su credibilidad y aceptación al posible responsable. Mientras que la evidencia tangible y el dolor de la víctima no se valoran, la justicia pierde al igual que la sociedad en su conjunto, porque la verdad no se aplica.
En este contexto, algunas instituciones como la Fiscalía, Derechos Humanos, Poder Legislativo o Judicial, con frecuencia ven invadidas sus funciones por el titular del Ejecutivo en sus tareas de persecución del delito, procuración de justicia, investigar, legislar y sancionar; pocas -sino es que nulas- veces exigen respeto por sus tareas. Hay quienes lo justifican diciendo que otros presidentes también lo hicieron, olvidando su función autónoma al presente.
Ha sido varios los casos de invasión de funciones e injusticia. Algunos ejemplos de esta invasión son: cuando la Fiscalía se negó a entregar información al INE de la investigación del hermano del presidente por recibir recursos para campaña electoral de Morena; la negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de calificar expresiones del presidente a la prensa o a sus opositores; la negativa de la Secretaría de Salud para vacunar menores de edad o disponer medicamentos a tiempo en los hospitales públicos; la negativa de la Cámara a llamar a comparecer a servidores públicos por los cuestionamientos al desempeño de sus funciones; la negativa del titular de la Corte a defender a jueces y ministros frente a señalamientos de corrupción que hace el presidente.
Por su parte, organizaciones sociales que estuvieron activas en la movilización por responsabilidades operativas e injusticias cometidas por gobernantes, ahora no salen a la calle a reclamar. Por esta situación, quedaron impunes la caída del metro en la Ciudad de México, el desabasto de medicamentos en hospitales, la muerte de personal de salud por la calidad de los materiales para protegerse del contagio del Covid o por la reducción de presupuesto al sector educativo y de salud a cambio de entregarlo a grandes obras de bajo impacto social.
En todos estos casos la postura del gobierno se centra más en apoyar un criterio de poder que el de informar con veracidad, que abone a la justicia, a la sana convivencia y a la verdad. La verdad y la justicia, por la práctica política que se observa, quedan subordinadas a la política. Proceder que produce víctimas inocentes y posibles culpables que quedan en la impunidad.
Bibliografía consultada:
1. Organización de las Naciones Unidas (2010). Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas. A/RES/65/95. Referencia electrónica: https://n9.cl/uedrx.
2. INEGI (2021). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Septiembre 2021. Referencia electrónica: https://n9.cl/hcfl1.
3. World Justicie Projec. México está en el lugar 113 de 139 países en Estado de Derecho. Comunicado de prensa de país. Washington D.C., 14 de octubre de 2021. Referencia electrónica: https://n9.cl/q2dib.
-(2021). Rule of Law Index. Washington, DC. S/f. Referencia electrónica: https://n9.cl/gpjuq
