¿Cómo puede el constitucionalismo mantener sus valores fundamentales especialmente aquellos relacionados con la democracia, en contextos de polarización y conflicto armado? Esta fue la pregunta que convocó a más de 2400 participantes de todo el planeta en la Universidad Externado de Colombia del 6 al 10 de julio de 2026.
La International Association of Constitutional Law organiza este evento cada cuatro años y reúne a la academia, profesionales del derecho, personas juzgadoras, funcionarios públicos, estudiantes, representantes de la sociedad civil y al sector privado en torno a la sostenibilidad del derecho como eje civilizatorio en tiempos de cambio.
Y es que para América Latina es claro que se requieren perspectivas analíticas renovadas ante los desafíos que enfrenta la región como el debilitamiento democrático, la concentración del poder en el ejecutivo, la instrumentalización de procesos constituyentes, la cooptación de órganos de control y el retroceso en derechos humanos.
Personas de distintas latitudes y de distintas tradiciones jurídicas se agruparon para discutir y entablar diálogos de pares que, si bien nacían del mundo de lo jurídico, no se quedaban ahí porque siempre imperaba un ímpetu por compartir experiencias y abordar los problemas de la realidad social desde una perspectiva transformadora.
Así, este intercambio entre los distintos aportes locales robusteció la mirada del constitucionalismo nacionalque se trabaja desde el Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), es decir como un espacio medular donde se articula la convivencia social y que no puede renunciar a su papel protector de libertades, derechos y aval de las obligaciones que a todos nos corresponden para vivir con justicia y paz.
En representación del CISAV la Mtra. Nuria Melani Mendizábal Chacón, Investigadora de la División de Ciencias Sociales y Jurídicas, participó el martes 7 de julio con la ponencia “La histórica falta de agencia política de la clase trabajadora como causa de la (in)justicia social: lecciones desde México”, como parte del workshop La justicia social en el constitucionalismo del siglo XXI, que fue uno de los ejercicios de diálogo y discusión del WCCL2026.
Durante su ponencia, planteó la idea de que existe una dinámica excluyente a través del ingreso salarial que es favorecida desde las élites para ejercer un férreo control social, y así evitar cualquier cambio que genere mayor igualdad de oportunidades entre la población.
Por lo tanto, destacó la urgencia de reconocer el valor del trabajo a través de programas laborales que recompensen el aporte de cada miembro de la sociedad, desde la conformación de una sólida política pública social de vocación universal, de manera que las necesidades básicas de todos sean cubiertas y la desigualdad tenga menos cabida entre las personas. La Constitución puede otorgar derechos, pero sin las condiciones estructurales para cumplirlos, tales derechos son ilusorios, mientras que, la justicia social del presente siglo exige lo contrario: efectividad, pertinencia y realidad en su ejecución.
