Por Fidencio Aguilar Víquez | Director Académico. Coordinador de Ciencias Sociales y Jurídicas
El pueblo venezolano está sufriendo la agresión a sus derechos humanos fundamentales por parte de su gobierno, quien le ha impuesto restricciones y le ha cerrado el acceso a la alimentación, a la salud (especialmente a los medicamentos) y a la ayuda humanitaria, con lo cual está en riesgo la integridad física de sus miembros y de sus familias. El clima social y político se ha vuelto inestable y las condiciones de vulnerabilidad se han incrementado al grado que muchos venezolanos y sus familias han tenido que huir del país en busca de mejores condiciones para vivir.
No se diga sobre sus derechos civiles y políticos: el régimen chavista-madureño ha roto las vías pacíficas y legales de participación de sus ciudadanos en los asuntos públicos, de tal manera que los derechos de reunión, asociación y de conformación de asociaciones de participación política están pulverizados. Todo esto contradice las declaraciones globales de derechos humanos y los tratados internacionales al respecto, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos que el gobierno de Venezuela abandonó justo en el momento en que lapidaba al régimen democrático que los venezolanos habían construido.
Por otro lado, el bloqueo norteamericano, si bien ha sacudido al gobierno de Maduro, también ha afectado a los venezolanos que, cada día que pasa, resienten la imposibilidad de recibir la ayuda internacional, sobre todo porque las maniobras diplomáticas y políticas del gobierno de los Estados Unidos, en vez de transparentar las acciones de ayuda, parecen esconder otros intereses distintos a la solidaridad humanitaria.
Por su parte, el gobierno de México se mantiene en la indolencia ante clamor de los venezolanos de ayuda humanitaria y de exigencia de respeto de sus derechos fundamentales. Bajo el argumento de la doctrina Estrada (que fue una política de contexto y circunstancia que luego se hizo criterio en el largo régimen priísta), el ejecutivo federal no mira que los derechos humanos se encuentran en una jerarquía superior a criterios políticos o de conveniencia diplomática. Ante las violaciones a los derechos humanos no se puede ser neutral. Esto lo tiene más claro el pueblo de México que su gobierno.
Si algo nos enseñó la experiencia del siglo XX, en especial a partir de la Segunda Guerra mundial (1939-1945), es que cuando se pisotean los derechos humanos, por parte de un gobierno que ha perdido legitimidad, se destruyen las bases del propio cuerpo social y poco a poco se toma el camino de la exclusión y la eliminación sistemática, es decir, la acción criminal de lesa humanidad. La comunidad internacional, hoy como ayer, no puede permanecer indiferente.
